Nacional > JUICIO ABREVIADO

Michelle Suárez fue condenada por estafa, falsificación y falso testimonio

La exsenadora trans llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el que se declaró culpable y cumplirá un año más de prisión preventiva y dos de libertad vigilada
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27 de junio de 2019 a las 19:00

La Justicia condenó a la exsenadora comunista y abogada Michelle Suárez a cumplir dos años de prisión domiciliaria y dos más de libertad vigilada, informó el periodista Alejandro Amaral en su cuenta de Twitter y confirmó El Observador con el abogado Francisco Musso, quien la defiende. Suárez estaba cumpliendo prisión domiciliaria desde abril del año pasado por estafa y falsificación y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para bajar el plazo de su condena.

En total, se la acusa de cinco delitos de falsificación en reiteración con dos de estafa y uno de falso testimonio. La Justicia probó que la abogada falsificó la firma de sus clientes en al menos dos expedientes, uno en un juicio por el que un padre perdió la patria potestad de su hija y el otro en el que falsificó la firma de una clienta que se cambió de sexo.

A su vez, no podrá ejercer ningún cargo público ni su profesión mientras cumpla la condena.

Musso dijo que en la audiencia se presentó uno de los damnificados que manifestó su disconformidad con la sentencia, aunque no puede apelarlo porque en los acuerdos los únicos actores son la Fiscalía y quien cometió el delito. Además, pidió que se investigue el origen de una firma apócrifa que, según Musso, no es de Suárez, pero como el proceso culminó eso no se podrá hacer.

Si bien la primera legisladora trans del país no puede ejercer como abogada desde mediados del año pasado porque la Suprema Corte de Justicia le inhabilitó el cargo, en octubre del año pasado a abogada ofrece la abogada ofreció sus servicios sin poder hacerlo.

“Sí, soy Michel Suárez. Yo te cobro la consulta y se trabaja. No te va a afectar, si no yo no tendría una cartera de clientes. Aparte yo no fui mala profesional, si no no hubiera llegado a los lugares que llegué. Legalmente no hay problema”, aseguró la exlegisladora por teléfono cuando un supuesto cliente la llamó a su celular para consultarle si estaba autorizada para asumir un caso de desalojo. La profesional suspendida le respondió que le cobraría $ 500 por reunirse. La conversación se emitió al aire este jueves en el programa Las Cosas en su Sitio, de radio Sarandí. 

La exsenadora está en prisión domiciliaria desde el 18 de abril de 2018 luego de que un médico certificara que su salud no le permitía cumplir su procesamiento con prisión en una cárcel: tiene obesidad mórbida y es una diabética severa. Por ese motivo, le queda menos de un año para empezar a cumplir la libertad vigilada.

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