El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, destacó la importancia de su comparecencia este miércoles en el Parlamento para señalar la "afectación catastrófica" que a su criterio tendría el plebiscito impulsado por el PIT-CNT si es aprobado, algo que "está fundado en estudios de diversas instituciones y técnicos de todas las características políticas"
Junto a autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) y técnicos, Mieres hará "una presentación acerca de las características y los objetivos que se han logrado con la ley de reforma de la seguridad social" del gobierno, explicó este miércoles en radio Montecarlo.
Además, presentará "un análisis de los impactos que generaría en el sistema de seguridad social y en el país todo la eventual aprobación del plebiscito que impulsa el movimiento sindical".
"Hay un estudio técnico que prueba que habría una afectación catastrófica en el financiamiento del sistema que implicaría aumentar significativamente la carga tributaria de los aportes de trabajadores y empleadores para poder financiar el nivel de gasto que implica la fórmula que el PIT-CNT ha presentado", argumentó.
"El problema es que el plebiscito genera una ilusión óptica. Claro, cuando a uno le dicen: 'firme porque así se puede jubilar a los 60 años, firme porque entonces las jubilaciones más bajas van a ser más altas' (...) es vender espejitos. Lo que no dicen es que si se hace todo eso el sistema de seguridad social termina de convertirse en un sistema realmente inviable y nos va a costar mucho más caro a los uruguayos", sostuvo.
Mieres se refirió también a otro de los puntos de la papeleta de la central, eliminar las AFAP, donde hay "US$ 22 mil millones que pertenecen a más de un millón de uruguayos".
"Lo que el PIT-CNT pretende es que desaparezcan esas cuentas, que la plata entre al BPS para supuestamente mejorar el financiamiento. Ese financiamiento se acaba en pocos años y a partir de ahí empieza una caída", señaló.
Agregó, además, que en caso de aprobarse el plebiscito "va a provocar una avalancha de demandas contra el Estado por la confiscación de fondos".
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