Las leyes tienen carácter de generales solo en la teoría, porque en la práctica hay leyes para pobres y leyes para ricos. Leyes que nunca se aplicarán a un pobre y leyes que nunca beneficiarán o perjudicarán a un rico.
De la misma forma hay acciones que el Estado emprende en sectores pobres y otras que lleva a cabo en sectores pudientes. Los megaoperativos policiales, por ejemplo, sólo se hacen en barrios pobres. ¿Alguien imagina un megaoperativo en Pocitos?
Por el contrario, las investigaciones y pedidos de información sobre gastos en colegios privados a efectos de ubicar a evasores, sólo se hacen en sectores pudientes.
Las leyes de seguridad pública que se adoptan y evalúa adoptar impactan fundamentalmente en los sectores pobres. No todos los pobres son delincuentes, pero casi todos los delincuentes salen de los sectores pobres.
En ocasiones, determinados segmentos de la sociedad se inquietan y levantan su voz de preocupación cuando el poder del Estado camina por los pretiles del autoritarismo a la hora de hurgar en los bienes (en la propiedad privada) de las personas.
En esos ámbitos pudientes, en cambio, no se ve el mismo nivel de reflexión cuando se discute acerca de darle al Estado el poder de detener gente por la calle o hacer allanamientos nocturnos en la lucha contra la delincuencia. Y sin embargo es el mismo Estado al que se le frunce el ceño cuando fisgonea en los gastos privados.
Ahora se anuncia que el presidente José Mujica se apresta a lanzar un paquete de medidas contra la delincuencia. Los recovecos de la historia. Hubo una vez que, armado, Mujica llegó a poner en riesgo vidas humanas en su lucha contra la propiedad privada. Luego, sufrió los excesos del Estado, que no dudó en violentar la integridad física y la propia privacidad de todos los uruguayos en su lucha contra aquellos enemigos de la propiedad privada.
Hoy, Mujica, al frente del Estado, se ve obligado a ponerse firme contra estos otros que, tamaña coincidencia, armados, no dudan en poner en riesgo vidas humanas en su intento por apropiarse de los bienes ajenos.
El Estado que lidera Mujica y que debe combatir a estos bandoleros de la nueva ola (cuya acendrada cultura parece ser la de acceder al mercado del consumo por el camino más corto), es, a diferencia de aquel, un Estado democrático. Pero ahora, como entonces, los intentos por usar la siempre pesada mano del Estado para defender la vida y la propiedad privada pueden, sin quererlo, agredir los mismos bienes que quiere custodiar.
Lo que está en juego cada vez que se pone a andar la maquinaria represiva es la libertad, también jaqueada por el aumento de la delincuencia. Aún entrampada en viejas concepciones y valoraciones, pero ya con casi siete años al frente del gobierno, le sigue tocando mover a la izquierda. Por un lado está necesitada de actuar con firmeza para frenar al bandidaje; por otro lado, está el riesgo de que se deje llevar por la presión social. Las acechanzas a la libertad son enormes y la izquierda corre el riesgo de terminar convirtiéndose en algo parecido a lo que siempre odió.
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