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Murro descartó que Ancap sea la que gestione en forma directa el gas por cañería

Tras el acuerdo con Petrobras, el gobierno se hará cargo del suministro hasta que aparezca un inversor privado
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17 de julio de 2019 a las 16:34

El Estado se hará cargo de la distribución de gas por cañería en forma provisoria, luego de acordar con Petrobras la salida de la estatal brasileña del negocio. Paralelamente buscará un inversor interesado en la concesión del suministro a nivel nacional. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, descartó este miércoles que Ancap sea la empresa que gestione el servicio, al menos de manera directa.

Este martes, el presidente Tabaré Vázquez acordó con el titular de Petrobras, Roberto Castello Branco, el fin del relacionamiento comercial en el negocio del gas.  

Tras el encuentro, Petrobras emitió un comunicado en el que brevemente se refirió al acuerdo alcanzado con Vázquez. Mencionó que se “adoptarán las medidas administrativas necesarias para el cierre de las concesiones vigentes hasta el 30 de setiembre de 2019”.

El suministro de gas en la capital es realizado por MontevideoGas, propiedad de Petrobras, mientras que en el interior del país es efectuado por Conecta, de la que la estatal brasileña posee el 55% (el 45% restante es de Ancap).

El texto indicó que “ambas partes tomarán las medidas necesarias para poner fin a las controversias pendientes, sin reclamaciones adicionales de cualquier tipo” y también que el “Estado uruguayo asumirá las operaciones de ambas concesiones a través de instrumentos legales, dando continuidad al servicio”.

Lo esperado era que Ancap fuera quien se encargara provisoriamente del negocio del gas. Sin embargo, Murro planteó otra posibilidad. “Va a haber un período de transición donde se hará cargo el Estado seguramente en forma indirecta a través de una empresa privada de capital estatal”, dijo el jerarca en declaraciones a Telemundo.

Una de las opciones es que la distribución nacional sea asumida por Conecta que pasaría a ser en su totalidad de Ancap, pero mantendría su condición de empresa de derecho privado. Otra que el suministro se realice a través de Gas Sayago, creada originalmente para manejar las operaciones de la planta regasificadora que quedó trunca. Otra posibilidad podría ser Ducsa, que tiene a su cargo la distribución de combustibles de Ancap. 

Fin de la huelga y más contactos

Este miércoles, los trabajadores del gas efectuaron una asamblea y resolvieron levantar la huelga general que llevaban a cabo desde el lunes 10 de junio.

El dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) Alejando Acosta dijo a El Observador que los empleados se reintegrarán a sus tareas este viernes, luego del feriado. Además, informó que el sindicato y el PIT-CNT se reunirán con Vázquez en los próximos días para delinear “cómo se  instrumentará el anuncio desde el punto de vista laboral”.

El mandatario sostuvo este martes que se mantendrán todos los puestos de trabajo en las dos distribuidoras. La intención del sindicato es que sean reintegrados 11 funcionarios  que fueron despedidos en MontevideoGas en los últimos meses. En la empresa hay actualmente una plantilla laboral de 160 personas. Conecta cuenta con 40 empleados.

Por su parte, la Uaoegas espera que en esa reunión con Vázquez se le otorgue información más concreta sobre cuál será la empresa que se hará cargo, transitoriamente, de la distribución de gas. “Para nosotros cualquier escenario es positivo”, mencionó Acosta.

La situación de Gas Sayago

En febrero, Gas Sayago (empresa propiedad de Ancap y UTE) puso a la venta el 100% de sus acciones y está previsto que el próximo 30 de agosto  se realice la apertura de ofertas.
De acuerdo a las recibidas y a partir del análisis de conveniencia se adjudicará la venta o se dejará desierta la convocatoria, y se realizará una nueva ventana de venta y así sucesivamente.
 
La empresa adjudicataria se quedará con el permiso ambiental otorgado por Dinama, la concesión dada por la Administración Nacional de Puerto (ANP) y los antecedentes técnicos generados en el marco del proyecto. Entre los activos también está un gasoducto que costó cerca de US$ 70 millones y que la firma constructora brasileña OAS no terminó de construir.
 
Hace algo más de un año que el gobierno descartó el controvertido proyecto para la instalación de una planta regasificadora por medio de la empresa estatal que opera bajo el derecho privado. 
 

 

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