Países ricos deben ayudar a financiar lucha contra el cambio climático

La transición ecológica antes era una preocupación de activistas y científicos. Uno de los resultados de la militarización de la energía por parte de Vladimir Putin en su guerra contra Ucrania ha sido el de situarla en el centro de la agenda de la geoseguridad, al menos en las democracias avanzadas. El aumento de los precios ha provocado por fin un esfuerzo decidido de los gobiernos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aunque, a corto plazo, algunos tengan que utilizar más carbón. Más que un revés para la acción contra el cambio climático, la Agencia Internacional de la Energía afirma que la crisis energética puede ser un "punto de inflexión histórico".

Ése es un elemento positivo en el contexto de la cumbre COP27 que se está celebrando en Sharm el-Sheikh y que, por lo demás, tiene un aspecto sombrío. La inflación y la desaceleración económica difícilmente proporcionan un ambiente propicio. Los fenómenos meteorológicos extremos de este año, como las terribles inundaciones en Pakistán, han puesto de manifiesto los daños causados incluso por 1.1ºC de calentamiento global hasta la fecha. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido, por su parte, que los esfuerzos climáticos "lamentablemente insuficientes" hacen que el mundo siga en camino de alcanzar al menos 2.4ºC de calentamiento, muy por encima del objetivo de 2ºC, o idealmente 1.5ºC, establecido en el acuerdo de París de 2015.

La financiación de US$370 mil millones para la transición ecológica en la Ley de Reducción de la Inflación de EEUU, y el programa REPowerEU de la Unión Europea (UE) son señales de que el mundo rico está, de forma tardía, empezando a acompañar sus palabras con dinero. Esto les dará a las economías avanzadas más autoridad para tratar de persuadir a los países más pobres — que han tenido menos tiempo para beneficiarse de la industrialización basada en el carbono — para que den el salto hacia la energía verde. Hasta septiembre, sólo 24 de los más de 190 países habían presentado este año planes de acción más enérgicos para reducir las emisiones, como se acordó en la COP26 del año pasado.

Sin embargo, además de gastar más a nivel doméstico, los países ricos también tendrán que brindarles mucho más apoyo financiero a los países más pobres para mitigar el cambio climático y adaptarse a él; la financiación se perfila como la cuestión decisiva para esta COP. Las naciones ricas se comprometieron a movilizar US$100 mil millones al año para 2020, pero aún les faltan unos US$17 mil millones. El año pasado se comprometieron a alcanzar el objetivo en 2023, y a negociar un nuevo acuerdo a partir de 2025. Tienen que ir mucho más lejos.

Además, una parte mucho mayor de la financiación debería destinarse a la adaptación a los efectos del cambio climático — desde los sistemas de alerta meteorológica hasta las infraestructuras resilientes al clima y los nuevos métodos agrícolas —, para lo cual, según la ONU, los países en desarrollo necesitarán hasta US$340 mil millones anuales de aquí a 2030. Además, deberían concederse más subvenciones, en lugar de préstamos que endeuden aún más a los países pobres. Si el mundo rico es capaz de buscar en sus bolsillos la financiación necesaria para la mitigación y la adaptación, eso podría compensar las peticiones cada vez más frecuentes de los países más pobres de financiación para cubrir las pérdidas y los daños provocados por el calentamiento. Aunque el argumento moral a favor de esto puede ser sólido — y la UE y EEUU han señalado su disposición a discutirlo — cualquier acuerdo será difícil.

Una de las prioridades para aumentar la financiación es la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB, por sus siglas en inglés), sobre todo del Banco Mundial. Las propuestas para cambiar cómo funcionan los MDB podrían desbloquear varios cientos de miles de millones de dólares de capacidad de préstamo verde sin necesidad de capital adicional de los accionistas. Otra prioridad es aprovechar mejor el dinero de los donantes para atraer capital privado a la inversión verde, especialmente en los países en desarrollo. Son lamentables los indicios de que algunos de los grandes bancos que se unieron a la alianza financiera de Mark Carney en la COP26 de Glasgow se están preparando para renunciar a sus compromisos de reducción de emisiones.

El reto que define el siglo XXI sólo puede resolverse mediante una acción gubernamental coordinada — especialmente por parte de China y EEUU — de forma concertada con el sector privado y los organismos no gubernamentales. Esto, sobre todo, es lo que el mundo necesita ver de la COP27.