Nacional > MIGRACIÓN
Pensiones o la calle: la dificultad para acceder a una vivienda que enfrentan los inmigrantes
Por María Eugenia Fernández y Agustín Herrero
Rosa partió de Santa Clara, Cuba, en setiembre de 2017. Emigró junto a su marido con las pocas cosas que le entraban en un bolso y se dirigió a Guyana, país de libre circulación para los cubanos. Desde allí contrató a una agencia clandestina para que la trasladara a Boa Vista, en Brasil, en una camioneta y desde esa ciudad brasileña se dirigió a Rivera.
Aunque llegar a destino fue un alivio, junto a su marido se llevó varias sorpresas. Una de ellas fue la dificultad para acceder a una vivienda. Se asesoró con algunos compatriotas que le nombraron, por primera vez, la palabra “garantía de alquiler”. Rosa no tenía idea la cantidad de requisitos que se exigían para alquilar un apartamento y mucho menos los precios que pedían por apenas unos metros cuadrados.
Las primeras semanas se alojaron en una pensión, en la que alquilaron una habitación con una cama y un ropero por $12.000. Sin embargo, cuando entraron a la pieza se encontraron con que la cama estaba rota y que lo único que había era un colchón en el piso. Según relató a El Observador, las condiciones de esa pensión en la zona de la Ciudad Vieja eran “malísimas”, por lo que emprendió la búsqueda de un nuevo hogar. Así, junto a su marido dio con otra pensión, en la zona del Prado, en la que le cobran lo mismo pero con mejores condiciones de higiene y de infraestructura en general. En esta, por lo menos, la cama no estaba rota.
Pero el caso de Rosa no es un oasis en el desierto, ya que la historia se repite día a día con cientos de migrantes que llegan a Uruguay, sobre todo desde Cuba, República Dominicana y Venezuela. El integrante de la organización Idas y Vueltas, Leonardo Fossati, dijo a El Observador que hasta 2014 el principal país de origen en los saldos migratorios fue República Dominicana. Sin embargo, en junio de ese año la cancillería comenzó a pedir visa a los dominicanos que llegaban a Uruguay.
“Eso frenó de forma considerable la migración desde República Dominicana a Uruguay y fue una cosa terrible en su momento –y lo sigue siendo- porque quedaron un montón de personas con familiares en Dominicana y que ahora tienen que hacer mil vericuetos para traer”, explicó Fossati, que trabaja desde hace años con la población migrante.
De esa manera, la balanza migratoria pasó a inclinarse hacia Cuba y Venezuela, países que exhibían un flujo migratorio creciente.
Aunque la realidad de cada país es distinta, la mayoría de los migrantes que llegan a Uruguay lo hacen para mejorar su calidad de vida, sea a nivel económico o en busca de una mayor estabilidad social. Y una de los primeros obstáculos que tienen que enfrentar cuando llegan a destino es responder a la pregunta de dónde pasar la noche.
“Cuando hablamos con gente de otros países se hace difícil explicar qué significa la garantía. Preguntan por qué no pueden alquilar directamente con el dueño y les tenemos que explicar que eso no lo van a aceptar. Vivimos en un país absolutamente formalista, todo tiene que ser con papeles, contratos, sellos, firmas”, señaló Fossati en relación a las inquietudes que expresan los migrantes para acceder a una vivienda.
En la mayor parte de los casos, según explicó, las personas no llegan con un respaldo económico lo suficientemente grande como para pagar una garantía de alquiler, para lo que es necesario contar con un recibo de sueldo y, por ende, una cédula de identidad uruguaya.
Pero además, alquilar una vivienda entera conlleva conseguir mobiliario o, de lo contrario, alquilar un lugar ya amueblado, algo que suele tener costos más altos para el inquilino.
https://www.elobservador.com.uy/nota/luces-y-sombras-de-ser-inmigrante-en-uruguay-201812205551
“Actualmente, los problemas que tenemos están vinculados con pensar en qué sucede con la población que llega y que está entre seis meses y un año para tramitar la cédula, porque si no la tenés no podés iniciar ningún trámite de garantía”, sostuvo el integrante de Idas y Vueltas, que además integra el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Aunque el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), a través de la Contaduría General de la Nación, ofrece la propuesta de garantía “más flexible” del mercado y, por ejemplo, reconoce el trabajo informal, también es necesario para ese trámite contar con documento de identidad, expresó Fossati.
Ruben Amato, director de Identificación Civil, informó este miércoles a VTV que el tercio de las cédulas expedidas en el último tiempo es a personas migrantes. “En el 2018 lo más importante fue la migración venezolana y cubana: ciudadanos venezolanos fueron más de 4.700 y cubanos fueron unas 4.300 y pico”, dijo.
Garantías
Laura Tabárez, contadora general de la nación, explicó a El Observador que no tienen una “política diferencial para los inmigrantes” y tampoco se han planteado tenerla.
“Ellos pueden ir a los programas y acceder a las garantías como cualquier ciudadano, en eso no hay ningún impedimento, si ellos trabajan en algunas de las empresas que trabajan con nosotros y que usan nuestro servicio de garantía o acceden a algún plan de vivienda tanto del Ministerio de Vivienda o del BPS nosotros le damos las garantías, en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos”, sostuvo Tabárez. Sin embargo, lo que resulta difícil para los inmigrantes es acceder a esos elementos que les solicitan para darle la garantía.
La gerenta general de ANDA, Yaninna Mella, contó a El Observador que el aumento de consultas por parte de inmigrantes caribeños a sus sucursales los motivó a estudiar el tema.
“ANDA no tiene restricciones en referencia al otorgamiento de garantía de alquiler para inmigrantes. Actualmente otorgamos de manera habitual garantía de alquiler para inmigrantes como parte de la operativa diaria, en cualquiera de nuestras sucursales. Se les otorga este servicio en la medida que cumplen con los requisitos establecidos. En los últimos meses, producto del análisis realizado, hemos flexibilizado la normativa interna para aceptar la residencia provisoria a efectos de calificar como solicitante”, dijo Mella.
En los casos en los que una persona individualmente no llegue a los requisitos para acceder al servicio, ANDA acepta la inclusión de cotitulares con el objetivo de dar más posibilidades a quienes no puedan cumplir de manera independiente todos los requisitos.
“Hemos visto que, en muchos casos de inmigrantes, la solicitud se presenta bajo esta modalidad. Al reunirse un grupo de personas, con documentación de ingresos complementaria, se facilita el otorgamiento de la garantía”, explicó la contadora.
Otra opción que algunos migrantes han manejado para salir del paso son los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Pero las realidades de los migrantes y las personas que viven en la calle no son las mismas y, muchas veces, no son comparables, afirmó Fossati. Además, en los casos de familias, deben ser separadas ya que los hogares son para hombres o para mujeres y niños.
“Si sacás una foto ahora, para ir a vivir los migrantes tienen eso (las pensiones) o la calle. No hay otro lugar”, subrayó. Esto está relacionado con la flexibilidad de requisitos que se le solicitan a los inquilinos y que en algunos casos son directamente nulos. “Es todo un submundo bastante complejo de irregularidad e ilegalidad. Los administradores han explotado ese negocio de acuerdo a la necesidad”, agregó.
Las pensiones de Montevideo se rigen por la normativa departamental que establece una serie de requisitos para ese tipo de alojamientos, en los que entran todos aquellos inmuebles destinados a alojar personas y que cuenten con diez o más habitaciones. Las exigencias son principalmente de construcción, higiene y de equipamiento.
La Intendencia de Montevideo (IMM) es la encargada de fiscalizar este tipo de alojamientos, a través del departamento de Convivencia Departamental –antes llamado Inspección General-. Desde ese departamento se manejó a principios de 2018 introducir modificaciones en la normativa para robustecer el control sobre este tipo de edificaciones. Sin embargo, desde la comuna afirmaron a El Observador que la situación aún se sigue analizando y que aún no hay novedades.
En los pocos días que lleva 2019, la IMM clausuró una pensión del centro y multó a otras dos, una en Ciudad Vieja y otra en Barrio Sur. En la de la Ciudad Vieja se aplicó una multa de 36 unidades reajustables ($ 39 mil) por incumplir las intimaciones a reparar el edificio, mientras que en el otro caso se aplicó una de 27 unidades reajustables ($ 29 mil) también por la misma causa.
