Pesimismo del mercado para reforma previsional de Bolsonaro que sube edad de jubilación

Ningún otro detalle, como el de los años de cotizaciones necesarios para obtener un beneficio de pensión parcial o total, ha sido revelado.

Marinho anunció que Bolsonaro hará el 20 de febrero "un pronunciamiento a la nación, explicando de qué manera la nueva jubilación se encaminará al Congreso" y dijo que el gobierno tiene la expectativa de que sea aprobada "en breve".

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La Bolsa de Sao Paulo, que había operado con altibajos durante la sesión, repuntó en la última hora tras el anuncio y cerró con una ganancia de 2,27%.

Actualmente, hay dos modalidades de jubilación en Brasil -con distintos rangos de beneficios- por años cotizados o por una combinación de años cotizados con la edad del trabajador.

Las principales cajas de jubilación -para el sector privado y para funcionarios públicos- acumularon en 2018 un déficit de 292.000 millones de reales (US$ 79.940 millones, al cambio promedio de ese año), equivalentes al 4,25% del PIB. La reforma de las jubilaciones es de tipo constitucional, por lo cual debe ser aprobada en doble votación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por una mayoría de tres quintos del total de los escaños.

Bolsonaro dispone en principio de una mayoría constituida de bancadas de varios partidos y de un amplio consenso para aprobar esa reforma considerada crucial para sanear las cuentas públicas. Pero el impulso con el que el mandatario al frente de una coalición entre ultraconservadores y liberales llegó al poder el 1° de enero se vio comprometido en las últimas semanas por disensos entre sus aliados y denuncias de corruptelas en su entorno.

Al ser cuestionado sobre si esas situaciones podrían dificultar la aprobación de la reforma de las jubilaciones, Marinho respondió: "Estamos trabajando para las Jubilaciones y Brasil no puede parar". Marinho indicó que Guedes era partidario de una edad mínima de 65 años para hombres y mujeres, con un periodo de transición de 10 años, pero que "después de una negociación con el presidente", se optó por una fórmula diferenciada y un periodo de transición algo mayor.

Las dudas del mercado

La meta del gobierno brasileño de ahorrar al menos 1 billón de reales (US$ 265.000 millones) en la próxima década a través de reformas al sistema de pensiones luce demasiado optimista, dicen analistas, lo que podría afectar el crecimiento económico y la confianza de los inversores en Brasil este año.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, realizó grandes promesas a los inversionistas en Davos el mes pasado, incluyendo una meta de hasta 1,3 billones de reales en ahorros durante los próximos 10 años. La semana pasada dijo que el objetivo era ahorrar al menos 1 billón de reales en 10 años.

AFP

Pero algunas estimaciones del sector privado indican que ni siquiera se llegaría a la mitad de la meta, en la medida que el gobierno se ve obligado a diluir las propuestas para pasar su política económica más importante a través del Congreso.

"La aprobación de una reforma de la seguridad social que resulte en menores ahorros sería indicativa de la limitada capacidad del nuevo gobierno de impulsar con éxito su agenda general de reformas", dijeron el miércoles analistas de Moody's.

"Eso afectaría la confianza de los inversionistas y las perspectivas de recuperación económica, ejerciendo una presión negativa sobre el perfil crediticio de Brasil", advirtió la agencia calificadora.

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Moody's proyecta ahorros de 600.000 millones de reales a 800.000 millones de reales, el extremo inferior de la cifra a la que aspiraba el expresidente Michel Temer. La agencia no prevé la aprobación del Congreso en el primer semestre del año.

El déficit de seguridad social de Brasil fue, por mucho, el mayor contribuyente al déficit fiscal general del gobierno en 2018, que se profundizó un 7% a 195.200 millones de reales. En términos nominales, el déficit de pensiones casi se ha cuadruplicado en cuatro años.

Analistas de Barclays estiman que el déficit de pensiones total de Brasil este año, incluido el sector privado, superará los 300.000 millones de reales, o más del 4% del PIB. Para controlar esos costos, la mayoría de los analistas concuerdan en que el gobierno tendrá que hacer cambios impopulares en sus políticas.

Fuente: AFP y Reuters