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Picadas: en cinco años que lleva la ley de faltas no hubo ni un condenado
En los cinco años que llevan funcionando los juzgados de Faltas no se emitió una sola sentencia para castigar a los infractores que participan en las picadas de autos, una práctica de alcance nacional que este sábado de madrugada produjo la muerte de un joven de 19 años que pretendía cruzar la rambla de Pocitos a la altura de la calle Marco Bruto.
“Lamentablemente casi no llegan casos a los juzgados, y si llegan son muy pocos y con carencia de pruebas”, dijo a El Observador Jorge Pírez, uno de los dos magistrados que hay en Uruguay en esta materia, junto a la jueza Mary Campiglia.
Ambos fueron invitados, en representación del Poder Judicial, a participar en una jornada de debate sobre este problema que organizó la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) 19 de julio de este año, y en la que también participaron fiscales, la Intendencia de Montevideo y los ministerios de Interior, Transporte, Salud Pública, entre otros organismos. De acuerdo al relato de Pírez, gran parte de la discusión versó sobre “la conveniencia o no de sancionar una conducta que se la considera un fenómeno cultural”, cuando la principal dificultad para detener esta práctica –denunciada por vecinos desde hace años– es la falta del diseño de un sistema operativo e integrado que tenga efectividad a la hora de detener a los infractores.
Según explicó Adrián Bringa, secretario general de la Unasev, el fenómeno de las corridas de autos ha tenido picos en su intensidad que se transforman en valles cuando los controles o los operativos municipales y policiales se aplican con mas rigurosidad. Pero vuelven a ser picos cuando las inspecciones aflojan y los corredores se reorganizan, y advirtió que, según la información que maneja el organismo, la práctica "se ha puesto otra vez de moda" este año.
En el mismo sentido que el magistrado, el jerarca de Unasev lamentó que como castigo a estas conductas actualmente solo se apliquen “sanciones administrativas o económicas”, y que no se imponga la legislación que regula especialmente el fenómeno, que es la ley de faltas, promulgada en 2013. En el artículo 6° de esa norma se establece una pena de entre siete y 30 días de trabajo comunitario a quien, sin autorización, participe “de carreras u otro tipo de competencia valiéndose de un vehículo con motor”.
Y además, como medida accesoria, la ley también prevé la posibilidad de incautar el vehículo “por un plazo máximo de tres meses”.
Pero la tarea que tienen por delante las autoridades para que la ley no sea letra muerta, según reconocen, no es fácil: “Hay una cosa que es cierta: controlar con inspectores de tránsito no es sencillo, porque hay un tipo de violencia importante”, dijo Bringa, quien agregó que los ambientes que rodean a los corredores “es pesado” y exige el apoyo policial. De hecho, la IMM interrumpió en 2011 "por un tiempo" una serie de operativos sorpresa que había desplegado un año antes, a raíz de agresiones que sufrieron funcionarios de la comuna.
Consultadas por El Observador, las autoridades de la comuna capitalina dijeron que no harían declaraciones sobre este problema hasta que no se resuelva el caso judicial del fin de semana, y se remitieron a su participación en la jornada de julio como reflejo de su preocupación. Y además, informaron que la mayor dificultad en controlar la situación reside en que cuando se abordan los puntos denunciados, los infractores se desplazan y hacen las carreras en otro lugar.
Para el juez Pírez, esa es la única dificultad a sortear: “Desde nuestro punto de vista, la ley está, y si la policía detiene a las personas, seguro la vamos a aplicar”, sostuvo.
Pero lo que hoy ocurre es que a los juzgados no llega la evidencia suficiente como para probar que los imputados estaban participando de picadas, y se termina aplicando otro tipo de faltas, como la conducción sin libreta o en estado de embriaguez.
Como ejemplo, recordó un caso de cinco meses atrás, en el que se había denunciado que había picadas en la intersección de las rutas 8 y 102: se logró la detención de una persona, pero no se pudo probar que estuviera participando. Y eso es lo que pasa la mayoría de las veces, dijo: "Generalmente se detienen personas en los alrededores o a las pocas cuadras, porque según dice la policía los participantes se dispersan rápidamente”, ante su llegada.
Revisan cámaras de la rambla
En el caso del fin de semana en el que un joven de 19 años falleció atropellado por dos autos que corrían picadas en la rambla de Pocitos, el caso fue derivado al fiscal de Homicidios, Juan Gómez, quien dispuso revisar las cámaras de la IMM instaladas en la zona. El fiscal confirmó a El Observador que estaba trabajando en el tema para detener a los responsables. Según se informó el fin de semana estuvo detenido un hombre en calidad de indagado pero la Fiscalía de Flagrancia lo dejó en libertad porque no estaba claro que fuera quién conducía uno de los vehículos.
