El Ministerio de Economía y Finanzas decidió, amparado en la ley de medios, impulsar una campaña de bien público para informar acerca de la reducción de impuestos aprobada por el Parlamento en marzo.
La norma, aprobada en 2014, permite utilizar de manera gratuita hasta 15 minutos en radio y televisión para difundir campañas que deberán versar “sobre temas como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial y derechos humanos, combate a la violencia doméstica y la discriminación” y la resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou agrega que en este caso la campaña impulsada por el MEF se denomina Baja de Impuesto.
“Conforme a lo establecido en la norma legal aludida y a la materia que refiere la campaña de bien público de que se trata, se considera relevante la difusión pública, por lo que corresponde autorizar la precitada campaña”, dice la resolución publicada en la página web de Parlamento.
La campaña comenzará el 18 de abril y se extenderá durante el mes de mayo e irá por radio y televisión. Será tres spots distintos uno sobre IRPF, otro sobre IASS y uno más respecto a los cambios impositivos vinculados a las empresas, según se desprende de la planificación publicada en la web de Presidencia.
“Dichas campañas no podrán utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos ni podrán incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza”, agrega la norma.
Según los datos manejados por el gobierno, las medidas vinculadas al IRPF alcanzarán a unas 327 mil personas, 75% de los contribuyentes. Entre ellos, 207.400 personas se verán “significativamente beneficiadas” (47% del total de contribuyentes).
Además, 63 mil personas que perciben menos de $ 60.500 líquidos mensuales, dejarán de ser contribuyentes. La renuncia fiscal será de US$ 80 millones anuales.
Con las medidas vinculadas al IASS, según el gobierno, se benefician todos los contribuyentes del impuesto (unas 179.000 personas). Habrá 20 mil pasivos que dejan de pagarlo, que son los que perciben pasividades entre $ 45.280 y $ 50.940 mensuales. La renuncia fiscal será de US$ 30 millones anuales.
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