Economía y Empresas > LOGÍSTICA PETROLERA

¿Por qué Ancap no tiene opciones para mover su boya petrolera de José Ignacio?

El frustrado puerto de aguas profundas en Rocha pudo ser una alternativa para que los buques petroleros descarguen con otro mecanismo más seguro que el actual

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04 de febrero de 2019 a las 15:39

Una boya petrolera en uno de los balnearios más top de la costa esteña (José Ignacio) implica un riesgo ambiental latente, pero, a corto plazo, no hay alternativas viables para que los grandes buques petroleros puedan descargar el crudo que necesita Ancap para procesar combustibles en otra zona de la costa.

En esta temporada estival el destino quiso que se registraron dos accidentes en una ventana de tiempo relativamente acotada. El primero y más significativo ocurrió a principios de diciembre cuando se rompió uno de los manguerones que conecta los tanques del buque con la boya petrolera. Ese incidente terminó con 5.800 litros de hidrocarburos esparcidos por la costa, que luego llegaron a las playas ubicadas entre el balneario Buenos Aires y La Juanita.

El segundo ocurrió el pasado fin de semana cuando se detectó un goteo de crudo a través de un sello de la válvula, pero que no tuvo mayor impacto ambiental y fue rápidamente controlado por Ancap, según informó su presidenta Marta Jara.

¿Se puede pensar en mover la boya? ¿Por qué José Ignacio?

La boya petrolera de José Ignacio se inauguró en 1978 y tiene más de 600 operaciones. Ancap entiende que el riesgo de esta operación logística es manejable y ha estado siempre bajo estrictos controles de seguridad, que se han reflejado en un número bastante acotado de incidentes a lo largo de su historia.

Además, cuando la boya fue diseñada, esa zona del este estaba lejos del boom turístico e inmobiliario que explotó en los últimos años después. Según explicaron en Ancap, para la descarga de un buque petrolero se requiere una profundidad de entre 17 y 20 metros, una opción natural de calado que solo la ofrece el Océano Atlántico. Por ello es que Ancap tiene una boya petrolera a 160 kilómetros de su refinería en La Teja donde procesa el oro negro para obtener derivados como la nafta o el gasoil y no en el Río de la Plata.

Las autoridades entienden que trasladar la boya a otra zona del Océano no tendría demasiado sentido porque sería llevar ese riesgo a otra zona como puede ser Punta del Diablo a la Barra del Chuy por citar dos zonas aptas para esa actividad. Además, un traslado tampoco sale gratis porque habría que invertir varios millones de dólares.

“Desde el punto de vista ambiental, un derrame en el Chuy o en José Ignacio no tiene mucha diferencia”, declaró el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, el programa Desayunos Informales de canal 12 el pasado mes, según consignó El País.

La alternativa que no fue

Durante la administración de José Mujica 2010-2014, la posibilidad de instalar un puerto de aguas profundas en Rocha se manejó con bastante fuerza. Esto básicamente por el proyecto minero que pretendía desarrollar la minera Aratirí para la extracción de hierro. Incluso se hicieron estudios en la zona de La Angostura (ubicado entre Santa Teresa y La Esmeralda) para su construcción. Cuando surgió esa posibilidad, en Ancap comenzaron a ver que esa infraestructura logística ofrecía una oportunidad inmejorable para poner fin a la boya petrolera de José Ignacio. Que los buques petroleros puedan atracar en un muelle para descargar el crudo ofrece varias ventajas, entre ellas que no se depende de los avatares del clima para activar las descargas como ocurre hoy en día en mar abierto.

De hecho, en 2011 las autoridades de Ancap habían comenzado a tirar números para ver qué inversión demandaría la inversión de un oleoducto hasta la zona de La Angostura hasta José Ignacio para luego traer el crudo a Montevideo. Sin embargo, esa alternativa se fue diluyendo a medida que el proyecto de Aratirí perdía fuerza y con ello la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas. Ese proyecto de minería de gran porte se terminó por sepultar en 2016 y hoy incluso Aratirí tiene abierto un juicio internacional contra el Estado uruguayo por más de US$ 3.500 millones.

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