La fiscalía investiga la muerte de Gabriela Moreira, la mujer que murió en la cárcel de mujeres (Unidad 5), cuyo caso derivó el viernes en una protesta masiva de las reclusas, que incluyó quema de colchones y violencia en las celdas.
La presa, de 31 años, había sido imputada el 31 de marzo pasado como coautora del homicidio del juez de fútbol Andrés Pollero, asesinado el 31 de mayo de 2020 en la puerta de su casa ubicada en Sayago, tras resistirse a que le robaran su auto, tal como informó El Observador este martes.
La fiscal que investiga la muerte de Pollero, Mirta Morales señaló que al exárbitro lo "rapiñaron, le sustrajeron su auto y teléfono, y le dispararon". Por entonces, Morales libró orden de captura para tres personas.
Junto a Moreira, fue detenido otro hombre a fines de marzo de este año, hoy con prisión preventiva en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar). Mientras la investigación estaba en curso, ambos también fueron imputados y privados de libertad por otros delitos. Uno de ellos por varios hurtos y el otro por un delito de tentativa de rapiña similar al crimen de Pollero.
El hermano de Andrés, Bernardo Pollero, escribió este miércoles en Twitter informando del vínculo entre los casos, y pidió que se cumplan condiciones dignas en las cárceles. "Quienes tienen una deuda con la sociedad merecen, a pesar de los delitos que hayan cometido, cumplir sus penas en condiciones lo más dignas posibles. Ojalá se aclaren las circunstancias que llevaron a su muerte", señaló.
Respecto a la investigación en la Unidad 5, tal como informó El Observador este lunes, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó una denuncia ante la fiscalía para que investigue la causa de muerte de la mujer.
El Ministerio del Interior informó a El Observador el viernes que sobre la hora 13:00 de ese día, internas del sector de prisiones preventivas de la Unidad 5 solicitaron a los funcionarios penitenciarios asistencia médica para una mujer privada de libertad que no despertaba.
La interna, de 31 años, fue asistida por personal de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) quienes constataron su fallecimiento. Las autoridades informaron entonces a la fiscalía.
La víctima, según la denuncia de Petit, solicitó atención médica el miércoles a la noche, y accedió a ella en el centro médico de ASSE que se encuentra en el edificio. Volvió a su alojamiento donde cenó y se acostó a dormir.
Según los testimonios recogidos por la Oficina del Comisionado Parlamentario, en esa situación continuó hasta el viernes al mediodía. Una compañera intentó despertarla pero descubrió que había fallecido, indica el escrito.
Fuentes penitenciarias dijeron el viernes a El Observador que en la revisación primaria no se encontraron indicios de violencia.
Para Santiago González, el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la responsabilidad no es del Ministerio del Interior. La mujer "no murió por hacinamiento", sino que "se empastilló", afirmó. "Habrá que ver qué hicieron bien y qué hicieron mal las personas entendidas del área de salud (...) La investigación determinará cómo pudo obtener esas pastillas, si alguien debió verla más seguido", continuó.
La cárcel de mujeres aloja a 634 reclusas que reclaman mejor atención en salud, cuando su capacidad es de 390 cupos, indica, por su parte, la Oficina.
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá