Propuestas de seguridad, I

Los homicidios muestran una tendencia progresiva desde el año 2011, pero todavía no contamos con una explicación clara del último aumento. Entre las causas más probables están un crecimiento de la actividad delictiva, quizás alentado por las disrupciones que causó la introducción del nuevo código de proceso penal, el menor uso de penas de privación de libertad y el despliegue de cientos de policías para cuidar a víctimas de violencia doméstica. En cualquier caso, fuentes policiales confirman que no solo no se está conteniendo el aumento de los homicidios, sino que tampoco hay indicios de que el crecimiento se esté desacelerando.
Por otro lado, el aumento de los asesinatos viene acompañado de un fuerte repunte del porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego. Si en 2011, el 49% de los homicidios se cometían con armas de fuego, los datos disponibles sugieren que en 2018 fueron más del 70% (ver gráfico). En otros países de la región, un incremento de estas características demostró deberse al establecimiento y mayor actividad de pandillas y crimen organizado. Este no tiene que ser necesariamente el caso en Uruguay, pero es una posibilidad latente que implicaría un probable deterioro de la situación aún mayor en los próximos años. 

Los asesinatos son el indicador más fiable, ya que es el único que nos proporciona datos certeros. Las rapiñas, en cambio, también parecen haber aumentado drásticamente en 2018, pero no es posible determinar dicho aumento con claridad. De acuerdo a las denuncias, puede esperarse un aumento de más del 50% en relación al año anterior, así como un aumento drástico de aquellas donde se usaron armas de fuego para intimidar a las víctimas. No obstante, antes las rapiñas se denunciaban menos que ahora y un porcentaje alto de ellas siguen sin denunciarse. Por eso, es difícil determinar la situación con claridad. En cualquier caso, lo evidente es que ha habido un aumento crítico del crimen y de la violencia en Uruguay. Y que si no tomamos medidas certeras rápido, es probable que el deterioro continúe.
Frente a esta situación se han planteado medidas. Con frecuencia, sin embargo, las propuestas suelen enfrentarse a críticas implacables, a veces motivadas no por su eficacia, sino por luchas partidarias o prejuicios ideológicos. Como resultado, en parte de la opinión pública se ha instalado un discurso que asume que todo aquello que puede hacerse no es realizable o ya está siendo implementado. Un discurso equivocado, que nos sume en el inmovilismo y en ver crecer las cifras con impotencia.

A ello contribuyen también a veces los académicos, quienes con frecuencia rechazan toda propuesta cuya efectividad no esté demostrada con evidencia científica concluyente. Este planteo es correcto en cuanto a que marca el camino a seguir, pero tiene un problema crucial. Las evaluaciones de programas y políticas se enfrentan a fuertes limitaciones metodológicas que hacen extremadamente difícil aislar el impacto de una medida concreta sobre los cambios en el delito. En América Latina, los programas que han tenido un impacto positivo sobre poblaciones relevantes y que han sido evaluados de manera fehaciente y objetiva se cuentan con los dedos de una mano, si es que existen.
Ello no implica que debamos renunciar a aquello que está probado que funciona. Por el contrario, Uruguay debe reforzar el uso de políticas inteligentes. Es decir, políticas prácticas y económicas, que podamos aplicar hoy con los medios que tenemos, tomando en cuenta nuestras limitaciones y posibilidades. Que sienten las bases para la política criminal del futuro, pero sin olvidar que debemos responder a la urgencia del presente.

Esto es lo que me propongo desde esta columna, con una primera propuesta el día miércoles 9 de enero sobre la aplicación de un nuevo programa de patrullaje dirigido que ha demostrado ser altamente efectivo para reducir los homicidios en varias ciudades del mundo.
Con ella, los invito a dejar de lado prejuicios y buscar soluciones prácticas y aplicables al Uruguay de hoy. Vivimos una epidemia de violencia que se agrava y debemos encarar el problema como lo que es: una crisis de salud pública urgente.