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Reabren tribunales y varios casos que tienen a políticos como indagados volverán a ser noticia
La judicialización de la política no es un fenómeno nuevo pero este año tomará un impulso ya que varias denuncias de corrupción pendientes de resolución en la Fiscalía coincidirán con la campaña electoral que a partir de marzo se intensificará.
Al levantarse el próximo 1 de febrero la feria judicial, volverán las citaciones en Fiscalía, los juicios y resoluciones pendientes. Uno de los casos que quedó pendiente de resolución es la indagatoria en torno a la tramitación del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Por ese caso desfilaron por la Fiscalía funcionarios y jerarcas de Cancillería, jerarcas y exjerarcas de Identificación Civil, el exdefensor de Marset, y los exministros y ex subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Interior.
Machado deberá definir si existió tráfico de influencias o se facilitó o aceleró de alguna manera el trámite para que se le otorgara a Marset el pasaporte uruguayo cuando estaba detenido en Dubai en noviembre de 2021. Luego de unos meses recuperó la libertad y desde entonces permanece prófugo.
La indagatoria por el pasaporte de Marset derivó en otra causa que también está a cargo de Machado y es la denuncia de la ex subsecretaria de Cancillera Carolina Ache de que el gobierno intentó ocultar los chats que intercambió con su entonces par de Interior, Guillermo Maciel. Al declarar por el caso del pasaporte Ache entregó audios en los que el excanciller Francisco Bustillo le sugería que perdiera el celular para no entregar los chats, e informó que el asesor del presidente Roberto Lafluf le pidió que los eliminara de su celular y luego, cuando ella comunicó que los entregaría a la Justicia que los reclamaba, le solicitó que agregara una copia de los mensajes protocolizados porque él los había destruido. Por esta denuncia se desató una crisis política en la que terminaron renunciando Bustillo, Luis Alberto Heber, Maciel y Lafluf.
Mientras que en el caso de los pasaportes ya declararon todos y resta el pronunciamiento del fiscal, la otra causa tendrá a los exjerarcas del gobierno declarando en plena campaña e incluso uno de ellos Lafluf, será asesor de Delgado, según declaró el propio precandidato.
El mismo fiscal indaga desde julio 2022 si existieron irregularidades en la construcción del Antel Arena que tiene como indagados a la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y a otros exdirectores de Antel. El último en declarar, como testigo, fue el exvicepresidente de Antel (hoy ministro de Ambiente) Robert Bouvier, quien afirmó que “hubo falta de transparencia, de integridad en todo lo que fueron las compras”, afirmó.
Cuando se presentó los datos de la auditoría, en diciembre de 2020, Antel informó que el costo final de la obra fue de US$ 118 millones. Ese monto es de casi triple de lo que había informado Cosse en 2013, cuando era presidenta de la empresa estatal.
La fiscal Sylvia Porteiro, colega de Machado, tiene varias causas en las que investiga presuntas irregularidades de la anterior administración. Tiene la causa por la que indaga la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito y que derivó en los encuentros que tenía con el narco mexicano Gerardo González Valencia, con conocimiento de las autoridades anteriores del Ministerio del Interior. Por esta causa declararon el exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, y el exjefe de la Republicana, Alfredo Clavijo.
La misma fiscal tiene en sus manos la indagatoria por el uso irregular del Hospital Policial de exjerarcas del Ministerio del Interior entre ellos Charles Carrera. El caso se inició por la denuncia de Víctor Hernández, vecino de La Paloma del ex subcomisario Marcos Martínez que quedó parapléjico luego de recibir el impacto de bala proveniente de la casa del policía. Carrera en ese momento otorgó una atención especial en el Hospital Policial para Hernández además de beneficios económicos durante varios años, luego se constataron usos aparentemente irregulares por parte de Carrera, su esposa y del exministro Eduardo Bonomi y su esposa, la diputada Susana Pereyra.
Posteriormente se conoció que también usaron el Hospital Policial jerarcas del Ministerio del Interior del actual gobierno como los nacionalistas Luis Calabria, director general de Secretaría, y el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. Ambos renunciaron a sus cargos por este motivo.
El caso Penadés terminó en diciembre con cinco nuevos condenados por su participación en la trama que el exsenador intentó montar para salvarse de ser imputado por los casos de abuso sexual de menores. Los úlitmos condenados fueron Diego Cuiñas, el funcionario del Parlasur que fue el nexo entre Penadés y el exjefe del Comcar, Carlos Taroco; Marcelo Garate, dueño de un club social en el que se hacían las reuniones para coordinar la trama; Matías Cardoso, quien respondía a órdenes de Cuiñas y Taroco; y los funcionarios policiales Federico Rodríguez y Marcos Quiñones, quienes trabajaban con Taroco. El segundo fue quien armó el flujograma con todas las posibles víctimas que iban identificando, por tener acceso a ese programa que usa la Policía.
Mientras prepara el juicio contra Penadés y Sebastián Mauvezin, quien le coordinaba encuentros con menores al legislador, la fiscal Alicia Ghione investiga a otras personas vinculadas a Penadés y también profundiza sobre la participación de Taroco. Por ejemplo indaga la compra de una casa por parte del ex director del Comcar y ex jefe de inteligencia carcelaria, justo una semana antes de caer detenido por el caso Penadés. Entre las medidas que dispuso pidió el levantamiento de secreto bancario ya que quedó probado que recibía sumas de dinero de parte del exsenador.
Vinculado al caso Penadés, la denunciante Romina Celeste enfrenta una indagatoria penal por un chat falso que divulgó. Si bien había recaído la indagatoria sobre el fiscal Raúl Iglesias éste se abstuvo y pasó a su colega Ana Vallverdú quien deberá definir si la imputa o la absuelve.
La Justicia también tendrá que resolver si hace lugar al pedido de procesamiento del fiscal Ricardo Perciballe en el caso de los vinos envenenados al subcomisario Ricardo Zabala por considerarlo coautor del asesinato de Cecilia Fontana de Heber en 1978.
“Existen elementos de convicción suficientes para sostener prima facie que Juan Ricardo Zabala Quinteros resulta responsable en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la reiteración y especialmente agravado por la premeditación y la utilización de veneno”, dice el extenso dictamen fiscal sobre uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura, por el que murió envenenada la madre de Heber tras beber de una botella de vino envenenado que le llegó de regalo a esposo, Mario Heber. Otras dos botellas, también con veneno letal, le llegaron a Luis Alberto Lacalle Herrera y a Carlos Julio Pereyra, integrantes en aquel entonces de la dirección del Partido Nacional.
A su vez hay otra causa que se abrió derivada de esa, luego de que se descubrió que el oficial Silcar Lara, hijo del jefe de Inteligencia de la dictadura, ingresó con la clave de su superior, a las escuchas de la investigación de los vinos envenenados y escuchó varias veces conversaciones grabadas. También ingresó otro oficial ayudante dos días después, cuando ya algunos policías estaban al tanto del ingreso de Lara.
En ese caso hubo una cadena de omisiones y demoras en informar a los superiores y a la Justicia, entre otras irregularidades y sospechas, que surgieron de una indagatoria que hizo la propia jueza Silvia Urioste. A su vez, su investigación fue cuestionada por alguno de los defensores de los policías indagados que la consideraron nula porque desde 2017 quienes llevan adelante las investigaciones son los fiscales. Urioste derivó el caso a la fiscal Sylvia Porteiro, quién deberá determinar responsabilidades.
Otros casos y juicios del 2024
Mientras hay varios casos de narcotráfico y lavado pendientes de resolución. Por ejemplo el caso que lleva la fiscal Mónica Ferrero sobre las fugas de narcos que lograron evadir la Justicia con certificados médicos adulterados. Como consecuencia de eso está pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia una investigación administrativa sobre el juzgado de Crimen Organizado a cargo de María Helena Mainard y un sumario sobre su colega, la jueza Adriana Chamsarian.
La Corte también tiene que resolver si toma medidas en la Dirección de Servicios Administrativos por denuncias de acoso laboral a raíz del suicidio de un trabajador y que derivaron en la renuncia del anterior jefe administrativo, Marcelo Pesce.
También está pendiente la causa que indaga si el excustodio presidencial Alejandro Astesiano lavó dinero malhabido, entre otras causas derivadas del caso Astesiano ahora a cargo de la fiscal Sabrina Flores.
Otra indagatoria que tendrá novedades es la que sigue la fiscalía de Delitos Sexuales contra el exasesor del exministro Heber, Andrés Capretti quién fue denunciado por acoso por una trabajadora contratada para el programa Pelota al Medio de la Esperanza. La mujer denunció que ha sufrido amenzas y que desconocidos entraron a su casa por lo que en diciembre la fiscal Alba Corral pidió medidas y la Justicia le impuso prohibición de acercarse o comunicarse, al tiempo que la denunciante tiene custodia policial las 24 horas.
El 2024 será el año de algunos juicios como el del caso Ursec por el que fue imputado el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya, por tres delitos de abuso de funciones. Un tribunal ratificó la imputación y dijo que hay evidencia de que Cendoya tuvo participación en la destrucción de documentación de la Ursec, el procedimiento por el que se habilitó el funcionamiento de la radio Palmitas FM (Soriano), y el otorgamiento de una radio comunitaria en Salto que operó con una potencia mayor a la habilitada. Durante varios meses de 2023 se realizaron audiencias para definir la prueba que ingresará al juicio que aún no tiene fecha de comiezo.
El otro juicio que se realizará en este 2024 es el de la llamada Operación Océano que investiga delitos de explotación sexual de adolescentes de entre 13 y 17 años. Durante el segundo semestre de 2023 se realizaron decenas de audiencias en las que la jueza, la fiscalía, las victimas y las defensas debatieron qué pruebas ingresarán al juicio oral. Aún no se sabe cuándo comenzará el juicio.
Por último, el fiscal Gilberto Rodríguez deberá pronunciarse sobre si existió fraude en el cierre de la mutualista Casa de Galicia que enfrentó a su expresidente Alberto Iglesias con las autoridades del MSP que lo denunciaron penalmente.
