La Rendición de Cuentas que ingresó este jueves al Parlamento deroga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como ley de medios, y que fue aprobada en el final del gobierno de José Mujica.
El subsecretario de Industria, Walter Verri, dijo a El Observador que la decisión de incluir la derogación del proyecto se produjo por la demora en aprobar la iniciativa que envió el Ejecutivo en 2020 y para "dejar de tener inequidades", en referencia a las inconstitucionalidades que se han decretado sobre la ley vigente, en particular el artículo 56 que impedía a los cable operadores ofrecer servicios de Internet.
La decisión del gobierno había sido adelantada por Búsqueda. El articulado presentado por el Ministerio de Industria señala que las “concesiones, autorizaciones y licencias” que se otorgaron “no se verán afectadas” y plantea que aquellas que se encuentren en trámite también serán “convalidadas”, más allá de la existencia de “nuevos requisitos”.
Pese a que deroga la norma de forma completa, la Rendición de Cuentas incorpora cuatro artículos que forman parte de la ley.
El primero obliga a transmitir por televisión los partidos de las selecciones de fútbol y básquetbol en instancias definitivas de eliminatorias y torneos internacionales. Señala que si no hay “ningún otro prestador” interesado en la emisión deberá realizarla el canal público y que el Poder Ejecutivo podrá “excepcionalmente” incluir “eventos adicionales” en esta modalidad.
El segundo expresa que las personas con discapacidad tienen “derecho a la accesibilidad” de los servicios de comunicación audiovisual, y el tercero agrega que todos los canales deben brindar “parte de su programación” acompañada de sistemas de subtitulado, lengua de señas o audio descripción, en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes.
“El Poder Ejecutivo fijará la aplicación progresiva y los mínimos de calidad y cobertura exigibles para el cumplimiento de estas obligaciones”, dice el artículo.
A su vez, el cuarto menciona que el Ejecutivo “facilitará y promoverá” el desarrollo de tecnologías apropiadas, la producción de contenidos nacionales, la formación de profesionales y la investigación en accesibilidad audiovisual para “apoyar el cumplimiento de estas obligaciones y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y visual”.
El articulado también restablece dos normas que fueron aprobadas durante la dictadura y que habilitan sanciones a medios cuando "perturben la tranquilidad pública", menoscaben la "moral y las buenas costumbres", y comprometan la "seguridad o el interés públicos, o afectar la imagen y el prestigio de la República".
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