Seguridad social: reforma positiva a mejorar en el Parlamento

La Seguridad Social (SSOC) vuelve al centro de la escena política luego de haber sido subestimada durante casi 40 años. Efectivamente, excepto durante las reformas de 1995 y 2008, cuando el tema recibió “cierta” atención, en el resto su importancia nunca fue reconocida. 

No deberíamos sorprendernos entonces ante: i) la baja de consciencia del impacto de la demografía (lo principal) en los diversos componentes (“pilares”); ii) la opacidad de la solvencia del BPS y varias cajas paraestatales; iii) la subestimación de la importancia de la rentabilidad del régimen de ahorro individual en general y el rol de la inversión en acciones; iv) la falta de focalización de los subsidios; v) la subestimación impacto macro: gasto previsional procíclico de casi 1/3 del gasto público y su incidencia en la falta de recursos para otros “objetivos del país” (educación, calificación, lucha contra la pobreza infantil, la dinamización del mercado laboral, etc ).

Parte de esa subestimación se explica por la complejidad del tema. La “mochila” histórica es pesada; “aligerarla” es clave. Vale la pena ya que no es posible exagerar su importancia.

En un anterior artículo señalamos que la reforma es necesaria . Su costo fiscal es excesivo, (la SSOC siempre tiene costo; el tema es el exceso) y no sostenible lo cual limita la capacidad de abordar metas de desarrollo. También comentamos aspectos positivos de la reforma como: “sincerar” la edad de retiro; incentivar más años de trabajo; uniformizar regímenes; focalizar subsidios en los débiles; corregir inequidades (personas con aportes, sin “causal”); prever la contribución de las empresas a las cuentas de ahorro individual del trabajador; etc. 

Detrás del humo de los disparos ante la vitrina política parece existir cierto acuerdo sobre la necesidad de una reforma (la oposición política admite que hay artículos que comparte ). Las opciones de marcha atrás son escasas. No es factible afectar más recursos, se trate de aportes personales (ahorro), aportes patronales (impuestos al trabajo) o impuestos afectados. Tampoco es factible aumentar los años de trabajo; ya que los trabajadores encuentran dificultades en completar los años de aportes, dada la fragilidad del mercado laboral. 

En la práctica, la edad de retiro es la llave de bóveda de la reforma, como ocurre en todos los países occidentales (nuestra demografía felizmente se parece más a la de España, Francia e Italia que a la de A. Latina; vivimos más y mejor). Gobiernos de todos los signos ideológicos están emprendiendo reformas parecidas.

Han surgido críticas al proyecto de ley. La más aireada es que los haberes jubilatorios se reducirían, lo cual es infundado. Claramente no es cierto en los sectores de menores y mayores ingresos. En el primer caso, a raíz del Suplemento Solidario destinado a mejorar los haberes de los más débiles; en el segundo, debido a la capitalización de ahorros, ligada al mayor número de años en el tramo de ahorro individual. 

En el sector de ingresos medios, aunque tampoco tiene porqué bajar la pensión promedio, es necesaria una clarificación más matizada.

Las rentas vitalicias dependen de la rentabilidad del ahorro individual. Se prevé que éstas crezcan al eliminarse “de facto” en la reforma la prohibición de la inversión en acciones (el mercado local es raquítico y el acceso al del exterior no está permitido a las Afaps). Dicha limitación es gravosa para el resultado de los portafolios de las Afaps puesto que a mediano y largo plazo las inversiones en acciones son más rentables que las de bonos. Cada aumento del 1% en la rentabilidad de los fondos , luego de 20 años, se traduce en un aumento en más del 23% en el producto de la inversión. 

 La mayor rentabilidad de las acciones elevaría el retorno (de los ahorros individuales) en al menos un 1,5% anual lo cual generaría prestaciones por ahorro individual por lo menos un 34% superiores a las previas a la reforma. Con semejante diferencia no es creíble que la prestación total (BPS más prestación por ahorro individual) acabe siendo inferior en los sectores medios. 

Relacionado con este punto surge una crítica por la reducción del componente de ahorro individual obligatorio. Con la reforma, las Afaps recibirán 1/3 del mismo cuando hoy es casi el 50%. El cambio responde a la creencia (errónea) de la caída de prestaciones en el sector de ingreso medio. 

El error no es detalle dado que los sistemas de ahorro individual son menos vulnerables a cambios demográficos estando estos en la raíz de los problemas actuales. Reducir el ahorro individual implica una marcha atrás en la reducción de la vulnerabilidad de la SSOC a la demografía y en el esfuerzo fiscal asociado al costo de transición. 

Como siempre, hay lugar para mejoras. Un ejemplo: el aumento de incentivos de la contribución de las empresas a las cuentas de ahorro individual de los más jóvenes. Aunque el proyecto prevé tal contribución y que sea deducible de IRAE, para los más jóvenes proponemos que el incentivo sea mayor, lo cual amortiguaría vía prestación futura, el efecto demográfico sobre las cargas sociales (el alargamiento de la esperanza de vida proseguirá) introduciendo elementos positivos en la negociación colectiva (patronos – empleados). 

Resumiendo; es difícil cuestionar la reforma puesto que contribuye a la sostenibilidad, a la consistencia y a la solidaridad, aunque aún queden motivos para mejorarla en la sede parlamentaria.