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La Cámara de Senadores aprobó este martes la reforma de la ley orgánica militar, que establece una reducción en la cantidad de efectivos en los altos mandos, y elimina los Tribunales de Honor, entre otras medidas. El proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de este año, se convirtió en ley en la tarde de este martes por 17 votos en 31, con el apoyo del Frente Amplio y el Partido Independiente.
El texto aprobado es una modificación de aquel que el Poder Ejecutivo había enviado en 2018. Los legisladores oficialistas impulsaron cambios para acentuar la reducción de los altos mandos del Ejército y se determinó la eliminación de los Tribunales de Honor, algo no previsto en el proyecto original.
Si bien la iniciativa enviada por Presidencia estipulaba que los generales de la fuerza de tierra pasarían de 16 a 13, mientras que los coroneles pasarían de 198 a 145, la discusión en la comisión bicameral creada específicamente para este asunto resolvió llevar el número de generales del Ejército a 12 y el de coroneles a 130.
Incluso antes de que El Observador revelara que ante el Tribunal de Honor José Nino Gavazzo había admitido haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al Río Negro, -hecho que no fue oportunamente denunciado a la Justicia-, en el Frente Amplio ya había quienes entendían pertinente discutir la vigencia de ese organismo de las Fuerzas Armadas. Pero con la reforma de la ley orgánica militar en debate y el escándalo de las actas con la confesión en la agenda, el oficialismo consideró necesario incluir la eliminación de estos tribunales en la ley aprobada este martes.
En las otras dos fuerzas, los cambios en los mandos altos se mantienen tal cual lo planteado por el gobierno. En la Armada, los almirantes (equivalente a general) pasarán de 6 a 7, mientras que los capitanes de navío se reducirán de 97 a 76. En la Fuerza Aérea, por su parte, se mantienen los 6 generales que existen en la actualidad y se aumentan los coroneles de 39 a 45.
La norma además deroga la “obediencia debida”, lo que supone que se elimina la obligación de los militares a seguir órdenes aún cuando estas están por fuera de la ley y la Constitución.
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