Esta investigación, catalogada como "lawfare" por el kirchnerismo, se centraba en presuntas maniobras para fabricar causas judiciales contra la oposición.
En su fallo, la jueza Capuchetti destaca la falta de pruebas que respalden la existencia de dicho complot y resalta que los magistrados y fiscales supuestamente presionados no denunciaron los hechos en su momento ni durante sus declaraciones. Subraya la importancia de la responsabilidad pública de denunciar delitos por parte de los funcionarios judiciales.
Asimismo, la jueza valora que los comentarios en la prensa y el escrutinio mediático no pueden considerarse como presiones inapropiadas sobre los magistrados. En su análisis, señala que el debate público sobre las decisiones judiciales es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático.
El fallo, emitido justo antes del inicio de la feria judicial de enero, ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi. Cabe mencionar que "Pepin" Rodríguez permanece prófugo en el marco de otra denuncia presentada por los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, conocida como Oil Combustibles.
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