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Suprema Corte rechazó inconstitucionalidad en caso de vinos envenenados y Zabala podrá ser procesado
La Suprema Corte de Justicia rechazó varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la defensa del subcomisario retirado Ricardo Zabala, acusado de haber sido coautor del asesinato de Cecilia Fontana de Heber en 1978.
El fallo deja abierto el camino para que el caso siga adelante y se fije una nueva audiencia en la que Zabala podría ser procesado, si así lo entiende la jueza Silvia Urioste.
La causa de los “vinos envenenados” se rige por el "código viejo", como se denomina a las investigaciones previas a la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017.
En diciembre, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión de Zabala por considerarlo coautor de uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura.
Fontana, madre del actual senador Luis Alberto Heber, murió al beber de una botella de vino envenenado que le llegó de regalo a su esposo, Mario Heber. Otras dos botellas, también con veneno letal, le llegaron a Luis Alberto Lacalle Herrera y a Carlos Julio Pereyra, integrantes en aquel entonces de la dirección del Partido Nacional.
Tras el pedido de Perciballe, la defensa de Zabala presentó una batería de recursos de inconstitucionalidad sobre varias leyes: Ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Ley 17.347), cooperación con la Corte Penal Internacional (18.026); Restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado (18.831); Reparación víctimas de la dictadura (18.596) y creación de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad (19.950).
Los integrantes de la Suprema Corte rechazaron los recursos en base a anteriores dictámenes, aunque no siempre apelando a las mismas sentencias.
Además, el máximo órgano judicial criticó a la defensa de Zabala por no fundamentar algunos de sus reclamos. “En reiterados pronunciamientos, la Corte (…) ha declarado inadmisibles los planteamientos de inconstitucionalidad en los que se omite desarrollar las razones en las que se funda el cuestionamiento”, se señaló.
Antes de presentar los recursos ahora rechazados, la defensa de Zabala había reclamado que el caso fuera clausurado por entender que la causa ya prescribió. Pero la jueza Urioste desestimó el pedido por encontrarlo improcedente.
Huellas en una botella
“Existen elementos de convicción suficientes para sostener prima facie que Juan Ricardo Zabala Quinteros resulta responsable en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la reiteración y especialmente agravado por la premeditación y la utilización de veneno”, dice el extenso dictamen acusatorio de Perciballe.
El fiscal asegura que Zabala integró un “grupo de conjurados” que buscó eliminar a “tres reconocidos opositores al régimen dictatorial”, con el objetivo de frustrar contactos y negociaciones que existían entre militares más moderados y políticos tendientes a buscar una salida a la dictadura.
La prueba decisiva para pedir el procesamiento de Zabala es que tres huellas dactilares suyas fueron halladas ya en 1978 en una de las botellas, justamente la que mató a Fontana.
El hallazgo fue hecho por la Policía Técnica, pero no se incorporó al expediente judicial. Por el contrario, se ocultó ese dato central. Esos folios con el relevamiento de huellas hecho por la Policía Técnica recién fueron hallados en 1988, cuando el caso fue reabierto por un nuevo juez, ya recuperada la democracia.
Dice el dictamen de Perciballe sobre Zabala: “Sus huellas dactilares constan en la botella de la que a la postre bebiera la Sra. María Cecilia Fontana. Y la existencia de éstas no responden a un error en la manipulación de las botellas, por cuanto, en la que se encontraron sus rastros nunca pasó por la Dirección de Narcóticos donde él cumplía funciones. Ergo, debió manipularla antes del atentado”.
La defensa de Zabala arguye que el subcomisario tocó la botella luego de la muerte de Fontana, durante la investigación del caso.
La Fiscalía y el abogado de las víctimas sostienen que la botella que tiene las huellas nunca pasó por la dependencia donde revistaba Zabala.
Otros partícipes
Perciballe, en su dictamen, implica a otros conocidos militares en la trama del atentado.
“No cabe lugar a dudas de que quienes estuvieron detrás de los hechos fueron el general Amauri Prantl (ex director del Servicio de Información de Defensa, SID) y José Gavazzo (ex jefe del Departamento III del SID y adjunto a la dirección), así como el director de la DNII, Víctor Castiglioni, y sus hombres de confianza, el comisario Hugo Campos Hermida y subcomisaro Juan Ricardo Zabala Quinteros”.
Zabala prestó servicios en el SID bajo órdenes de Gavazzo. En 2012 fue procesado por el asesinato y desaparición forzada del maestro Julio Castro en 1977. El agente admitió haber apresado a Castro cuando prestaba funciones en el SID. Su procesamiento, sin embargo, fue revocado por un Tribunal de Apelaciones en 2014 que entendió que no existían pruebas que lo vincularan con la posterior ejecución del maestro.
Prantl, Gavazzo, Campos Hermida y Castiglioni ya fallecieron.
Campos Hermida fue quien llevó adelante la investigación policial del caso de los vinos envenenados al momento del atentado, a pesar de que era jefe de Narcóticos y no de Homicidios. Su investigación estuvo plagada de omisiones.
Perciballe cree que todavía hay otros responsables vivos, además de Zabala.
“Es obvio que con estos también actuaron otros funcionarios de la DNII que declararon en autos, pero al presente, respecto de estos las pruebas incorporadas no nos permiten solicitar responsabilidades, por lo que a sus efectos la indagatoria debe continuar. De igual modo tampoco se descarta la intervención de civiles, fundamentalmente quienes se encontraban vinculadas a la publicación Azul y Blanco”.
Dicha revista nucleaba a su alrededor a un núcleo nacionalista ultraderechista filo nazi. Poco antes del atentado, el sobrino de uno de sus integrantes de nombre Celio Riet, compró grandes cantidades de Fosdrín, el veneno que contenían las botellas.
Riet, ya fallecido, nunca fue llamado a declarar.
