Tras denuncia, Fiscalía pidió información a AFE por presuntas irregularidades

La denuncia fue presentada por "hechos con apariencia delictiva" y "visos de corrupción" el pasado 20 de octubre y el viernes 24 de noviembre la fiscalía hizo el primer movimiento para pedir más información al organismo. En el escrito presentado por el abogado Jorge Barrera se mencionan presuntas irregularidades vinculadas a los inmuebles que tiene AFE y alquila, destitución de una funcionaria —por hacer trabajados para una subsidiaria de AFE en horario laboral—, sanción a otro trabajador (jefe de la funcionaria destituida), expedientes vinculadas a empresas de seguridad, entre otros temas. 

Uno de las claves de la denuncia fue la auditoría hecha por la Auditoría Interna de la Nación realizada en agosto de 2023 donde se realizaron ocho hallazgos, tres de criticidad extrema y cinco de criticidad alta.

La información solicitada por la fiscalía está vinculada a estos hallazgos de la auditoría así como también expedientes y archivos vinculados a los otros puntos que menciona la denuncia. Los hechos señalados se dieron durante la administración del Frente Amplio que tenía un directorio encabezado por Wilfredo Rodríguez. 

La Auditoría Interna de la Nación encontró que la institución no tiene información confiable respecto a los inmuebles que posee y es ineficiente en la gestión de tareas específicas. El objetivo de la auditoría fue evaluar la gestión de los inmuebles que conforman el patrimonio de AFE, así como los ingresos y gastos asociados a esos bienes.

El alcance del análisis abarcó los inmuebles identificados como propios por el organismo; la gestión sobre los ingresos y los créditos derivados de arrendamiento o concesión de derechos de uso y reembolsos por consumo de agua, luz y otros servicios y la gestión del gasto incurrido.

El documento indicó que AFE posee una gran cantidad de inmuebles en todo el país, ya sea en terrenos o construcciones (estaciones, parajes, depósitos) en los que ha desarrollado su actividad. No obstante, añade, la baja actividad ferroviaria ha determinado que terrenos y estaciones quedaran inoperantes y por eso AFE recurrió a cesiones de uso, arrendamientos y comodatos de muchos de esos inmuebles permaneciendo otros sin uso o destino específico.

El informe explicó que no existe un registro íntegro y confiable sobre los inmuebles que posee la empresa pública, sus ocupantes, si tienen condición de precariedad y el plazo de concesión del derecho en caso que existiera.

Incluso, dice el informe, se detectaron casos en los que los inmuebles están siendo ocupados por particulares sin la autorización correspondiente así como contratos vencidos. Es que según la Auditoría existe una falta de controles sobre los derechos de uso otorgados a terceros y el sistema de registro no permitió totalizar e identificar los contratos celebrados según el tipo. Incluso, hubo contratos —uno de comodato y otro de alquiler— que no se pudieron encontrar. 

La AIN informó que en notas a los estados contables del ejercicio 2022 se informa que existían 106 comodatos y 462 comodatos precarios. Sin embargo, en la planilla de inventario figuran 299.

La auditoría planteó, además, que no se tiene un adecuado control sobre los inmuebles dados en comodato, arrendamiento y otros derechos de uso en cuanto al control de los vencimientos contractuales de parte de beneficiarios como ser el pago de consumos y tributos vinculados al inmueble.

Recisión

La Fiscalía pidió todos los expedientes y documentos vinculados a la recisión del contrato por parte de AFE con una empresa que había sido contratada para desmalezar terrenos que la empresa tiene en el barrio Peñarol. Esa recisión se decidió tras verificar que había incumplido las tareas por las que había sido contratada. 

Sin embargo, al ejecutar esa decisión se desoyó un informe jurídico que sugería “reclamar los daños y perjuicios padecidos”.

Documentos que forman parte del expediente, a los que accedió El Observador, dan cuenta que la empresa fue contactada a pedido del expresidente de AFE, Wilfredo Rodríguez. 

Los directores también estudian el proceso de contratación en 2018 y 2019 de esta empresa por parte de Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), la subsidiaria de AFE que opera en el derecho privado, por casi $6 millones, ya que también se registraron incumplimientos.