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Un módulo entero del Comcar está vacío y sin uso
A pesar de que su construcción significó una importante erogación de dinero al Estado y de que muchas cárceles están superpobladas, un módulo entero del Comcar se encuentra vacío, sin nadie alojado en sus dependencias. Se trata del Módulo 12 conformado por 48 celdas individuales de hormigón divididas en cuatro sectores, según denuncia un informe divulgado el 29 de noviembre por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en su página web.
Además del sinsentido de tener un edificio desierto cuando el hacinamiento carcelario es un problema acuciante, la Institución -a través de su Mecanismo Nacional de Prevención- también denuncia que Uruguay tiene pendiente la elaboración de una ley penitenciaria que evite que se repitan las situaciones de abuso que se vivieron en el Módulo 12 mientras estuvo funcionando.
Ese sector del Comcar fue utilizado a partir de febrero de 2016 para someter a un régimen de aislamiento a delincuentes considerados peligrosos, en principio acusados o condenados por casos de secuestros.
Según la Institución Nacional de Derechos Humanos lo que ocurrió en el Módulo 12 fue un “experimento penitenciario” que se llevó a cabo “en forma arbitraria, sin ley y sin juez” y que no respetó ni siquiera las supuestas premisas que lo guiaban.
El “experimento” finalizó en forma dramática con un motín el 29 de junio de 2018, en el que tres policías fueron tomados de rehenes.
El informe subido la semana pasada a la web de la Institución Nacional de Derechos Humanos se basa en una visita que el 28 de setiembre realizaron al Módulo 12 los funcionarios Álvaro Colistro y Daniel Díaz. El documento tiene dos focos principales: el edificio del Módulo 12 y la situación de los presos que lo habitaron.
Agua y ratas
En la visita realizada al Módulo 12 a fines de setiembre, Colistro y Díaz constataron que a pesar de que habían transcurrido tres meses desde el motín, las instalaciones del Módulo no habían recibido “ningún tipo de refacción” por parte de las autoridades.
“En este sentido, se pudo constatar el total abandono (...) de las instalaciones, las que, en términos generales, no recibieron ni mantenimiento ni limpieza luego de los hechos”.
Colistro y Díaz adjuntaron fotografías en las que se ven amplios sectores inundados, cadáveres de ratas en el piso y oficinas con carpetas y documentos desordenados y abandonados en muebles rotos.
“Se observó acumulación de agua producto de la lluvia y rotura de las cañerías, con pérdida constante de agua”, dice el informe. “Se pudo constatar la falta de mantenimiento y limpieza del Módulo 12, el cual impresiona en un total estado de abandono y pésimas condiciones de higiene”.
El documento recomendó a las autoridades carcelarias que realicen “de forma urgente la limpieza general del Módulo 12”, que lo fumiguen y que hagan una “urgente la refacción de las instalaciones sanitarias, evitando la continuas pérdidas de agua y la inundación de algunos sectores”. También exigen que “se adopten medidas urgentes a efectos de clasificar la información documental” allí abandonada.
Por último, recomiendan lo que parece obvio a raíz de la situación del sistema penitenciario: que se defina a la brevedad el destino que se le dará al Módulo 12 (...) dada “la insuficiencia de plazas reales para alojar a la cantidad de personas privadas de libertad al día de hoy y la carencia de lugares para desarrollar distintas actividades de los internos”.
Consultado por El Observador, Colistro dijo no saber si el Módulo 12 fue objeto de alguna mejora. En la oficina del comisionado parlamentario para el sistema carcelario confirmaron que hoy sigue desierto y sin un uso concreto.
Peligrosos y no tanto
Respecto a lo que fue la breve y traumática historia del Módulo 12, el Mecanismo Nacional de Prevención pide al Poder Legislativo que “se regule en forma apropiada los regímenes penitenciarios diferenciados” para evitar las arbitrariedades que se constataron en ese sector del Comcar. De acuerdo al documento, todo fue irregular en el Módulo 12 desde su habilitación sin un marco legal que lo encuadrara.
“La intervención Estatal, por intermedio de las autoridades administrativas penitenciarias, se dirigió a aislar a determinadas personas – sin un criterio y/o pauta preestablecida que lo justificara - sin que existiera sustento legal ni una evaluación personal que diera cuenta de una clasificación según un régimen legal de reclusión”, se denuncia en el informe.
Lo ocurrido en el Módulo 12 durante el actual gobierno “significó un hecho sin precedentes en el Uruguay democrático al instalarse un régimen de reclusión muy diferenciado del común, con limitaciones para la satisfacción de las necesidades básicas y a varios de los derechos fundamentales de las personas ahí encerradas”.
Denuncia la Institución de Derechos Humanos que nunca existieron estudios ni evaluaciones que permitieran determinar qué presos eran conducidos a ese sector de aislamiento: “No se pudo acceder a evaluaciones técnicas que avalaran considerar a las personas como ‘peligrosas’ ni tampoco algún informe técnico que diera cuenta de las razones por las cuales los internos tuvieron este tipo de régimen y fueron asignados a este módulo”.
Los técnicos denuncian que las autoridades primero esgrimieron que quienes estaban allí eran responsables de secuestros y pedidos de rescate. Luego simplemente adujeron que eran personas “peligrosas”. Sin embargo, “desde un principio” se constató que junto con esos delincuentes pesados había “personas procesadas por delitos menores" (como la receptación, que es comprar u ocultar bienes robados).
El MNP pide en su documento que el Poder Legislativo zanje un vacío legal que permitió “un régimen de reclusión que limita y restringe derechos sin la existencia de ley que lo permita, sin una evaluación técnica que la habilite, ni resolución judicial que la haya dispuesto”.
Los técnicos esperan que su tarea sea “una contribución positiva al trabajo de las autoridades legislativas, administrativas y judiciales de nuestro país para que no se repita este tipo de experiencia que mina el principio constitucional del Estado de Derecho y es violatoria de los derechos humanos”.
La institución presentó el 17 de octubre un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, en el cual reclamó la sanción de una ley penitenciaria que permita regular los regímenes de reclusión, de modo que no se repitan situaciones como las vividas en el Módulo 12.
