Una discusión imprescindible

Desde que Tabaré Vázquez asumió su segunda Presidencia, el empleo tiene una curva descendente. Al cierre de 2018 se completó cuatro años consecutivos a la baja.  

Es muy comprensible que Vázquez muestre preocupación por la pérdida de empleo en el sector privado durante su gestión, como ha reconocido en las últimas semanas. No es para menos. Solo tomando el promedio de 2018 ha habido una merma cercana a los 10 mil puestos de trabajo netos, el doble que la del año anterior. Si se suma la retracción laboral de los promedios anuales de los últimos cuatro años, la destrucción de puestos de trabajo trepó a más de 47 mil. 

Y seguramente la misma inquietud le debe generar a Vázquez el comportamiento de la tasa de desocupación que lleva aún más tiempo de quebranto. Un 8,3% de uruguayos, en el promedio de 2018, no pudieron conseguir trabajo, cuando la media de 2017 había sido de 7,9%. 
Notoriamente que la baja en la tasa de empleo es un reflejo del cambio de tendencia de una economía en expansión básicamente por mejores precios de los bienes y servicios exportables. Pero no creemos que sea la única explicación.

En nuestra opinión, el deterioro del mercado de trabajo también responde a las leyes laborales e instituciones que no están acorde con las nuevas tendencias de la economía que ha tenido profundas transformaciones por el impacto de la tecnología. Se trata de leyes laborales rígidas, pensadas para un tiempo histórico muy diferente.

Un sistema laboral acorde a un modelo de dirigismo estatal deja al país muy desfasado de las dinámicas de la nueva economía digital que impulsa nuevos tipos de empleo y de formas de trabajo, así como de otros entornos laborales. Han surgido novedosas formas de relacionamiento entre trabajadores y empresas que se reflejan en categorías, como la del trabajador autónomo dependiente, freelance y hasta se habla de la uberización de determinados empleos. Los expertos hacen referencia a la gig economy (economía a demanda) que necesita de empleos flexibles y de trabajadores en función de proyectos con la mira puesta en el mercado global. 

Un cambio en la regulación para sumar nuevos tipos de empleos y admitir diferentes dinámicas laborales, tiene que ir acompañada de garantías en los derechos de los trabajadores y, obviamente, tiene que estar contemplado en la seguridad social. Hace mucho daño demonizar el tema con la falsedad de que las reformas laborales buscan perjudicar a los trabajadores. Se trata de que todas las partes aprovechen mejor las posibilidades de la nueva economía.

Si Uruguay no se adecua a un funcionamiento de la economía sustancialmente distinto al que fueron pensados las leyes laborales e instituciones, entonces en los próximos períodos de gobierno, otros presidentes seguirán lamentándose de la pérdida de puestos de trabajo.