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Dice la leyenda urbana que el cerro de Montevideo está diseñado para que un francotirador vigile y liquide a cualquier cabeza uruguaya que se alce por encima de las demás. Este es mi sentimiento cuando asisto a la transformación del movimiento Un Solo Uruguay desde un denunciante representativo de quienes firman los cheques del despilfarro a esta otra versión, en la que se persigue a aquellas empresas que han conseguido en su negociación lo que se reclamaba para sí. Me refiero a la recolección de firmas contra la instalación de la segunda planta de UPM.

Lo que gobierno y empresa firmaron no es un contrato, sino una declaración escrita y pública de lo que la empresa necesita para trabajar de manera rentable. Tiene requerimientos en todos los casos sobre aspectos de carácter general del país (transporte ferroviario, desbordes sindicales, impuestos) y no relativos a requisitos específicos de la producción de celulosa, en cuyo caso los costos son problemas de la empresa (plantas, accesos, puertos, etcétera). El gobierno podrá luego hacer lo que le parezca mejor y de no hacerlo cada uno se irá para su casa. Es un error decir que hay obligación de cualquiera de las partes.

Oponerse a la instalación de la planta tiene únicamente dos lecturas: a) Lo que la planta pide no es necesario para invertir en Uruguay y b) Lo que la planta pide es razonable y los demás empresarios se merecen igual tratamiento.

Si imaginamos que la razón sea la segunda, lo que está claro es que evitar que la planta se instale no resuelve sino que agrava el problema ya que estaríamos tirando por la ventana una valiosa confesión del gobierno sobre la hostilidad a la inversión que impera.

Son demasiadas las medias verdades o directamente falsedades que circulan como argumento.
Tomemos solo una por razones de espacio: las exenciones fiscales otorgadas al emprendimiento. La planta se instala en zona franca, al igual que cientos de empresas en Uruguay y negar este privilegio a este tipo de iniciativa es desconocer cómo funciona el mundo. No es una elección entre zona franca sí o no, es una elección entre una zona franca aquí o en otro lugar. Quien se oponga a este tipo de estímulo a la inversión tiene todo el derecho de hacerlo, es una visión de elegir un Uruguay cerrado como modelo de desarrollo, pero debe ser mucho más claro y proponer el cierre de este sistema en todo el Uruguay y hacerse cargo de la desaparición de Zonamérica, Aguada Park y todas las zonas francas desparramadas por el interior.

Otro argumento esgrimido es que por estar en zona franca la planta no pagará impuesto a la renta, estableciendo una injusticia frente a las plantas frigoríficas, por ejemplo. Sin embargo, si comparamos el canon que pagará UPM de US$ 7 millones anuales y lo referimos a las 250 mil hectáreas de las que se abastecerá la planta, habrá de aportar US$ 28 por cada hectárea ocupada, mientras que un frigorífico de los más grandes se abastecerá de 770 mil hectáreas y aportará en el entorno a los US$ 3,5 millones con una tributación de US$ 4,4 por hectárea. No compartirán el nombre del aporte, pero superan en varias veces el tributo.

Finalmente, en cuanto al impuesto al patrimonio, solamente se exonerará a la fabrica. Los montes que abastecen la planta no solo tributarán, sino que lo harán por valor real y con una sobretasa, haciendo que el emprendimiento pague cuatro veces lo que pagan los productores afectados por este impuesto. También es importante saber que Montes del Plata y todas las plantas de Brasil se encuentran exoneradas, perjudicando la competitividad de UPM.

Espero que el emprendimiento no prospere y que la sede de un movimiento de intachable legitimidad inicial no termine instalada en el cerro de Montevideo.