Uruguay dispone ahora de una herramienta legal que permitirá combatir con mayor eficiencia la pesca ilegal y posicionarse de mejor modo ante los mercados que abastece con los productos de este sector, según explicó a El Observador el director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Daniel Gilardoni.
El funcionario del MGAP destacó ayer, en conferencia de prensa en la sede ministerial, el valor que tuvo la actitud del Parlamento de ratificar el acuerdo del gobierno con la FAO denominado Medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
“Es un acuerdo con FAO que Uruguay ratificó a nivel parlamentario en diciembre; es la Ley 19.017, algo que comunicamos ahora porque hace pocos días el representante de FAO depositó el instrumento de ratificación que nos obliga ahora a cumplir con ese acuerdo”.
El mismo, básicamente, consiste en que Uruguay tiene ahora potestades para controlar los barcos de bandera extranjera que pescan fuera de nuestra zona de pesca exclusiva, considerando que en el Atlántico Sur, como en muchos otros lugares, está muy vigente y es perjudicial el problema de la pesca ilegal.
En esa zona, además, hay pesca ilegal que opera sobre recursos que son tradicionales de Uruguay, como la merluza, el calamar o los atunes, comentó.
“Esto nos da una fuerza muy grande. A partir de ahora los buques tienen que pedir autorización con la suficiente antelación para ingresar al puerto y presentar la documentación en Dinara relativa a dónde pescaron y qué pescaron”, añadió.
Además, deben presentar las autorizaciones y licencias de pesca del Estado de bandera, así como en los casos en los que hay organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, como la Comisión del Atún del Atlántico, deben presentar la habilitación correspondiente para pescar.
En caso de que las regulaciones no se cumplan Uruguay puede negar el acceso al buque o puede decidir inspeccionarlo y luego determinar qué hace, por ejemplo si esa mercadería puede descargarse o no; incluso puede haber una incautación y hasta se puede comunicar a otros puertos para que se corte el acceso de esos barcos que han realizado una pesca ilegal, detalló.
Uruguay es el tercer caso, luego de Noruega y la Unión Europea, en el que se dispone de esta regulación. “Nos hemos puesto en punta con esto; hay otros países que adhirieron a esto pero no han depositado todavía el instrumento de ratificación, que marca el compromiso del país con las Naciones Unidas”.
En la actualidad Uruguay es el único puerto del Atlántico Sur occidental que está implementando este sistema, indicó Gilardoni.
Por un lado “hay barcos que seguramente no van a querer venir más”, dijo Gilardoni, quien admitió que en función de una serie de controles que la Dinara venía implementando en forma voluntaria hace dos años “ya hubo algunas banderas que no aparecieron más”.
Destacó que “esto sin duda le agrega un gran valor a nuestro puerto. Los mercados más exigentes, como los de la Unión Europea, que tiene su propia reglamentación para combatir la pesca ilegal, tienen ahora una garantía absoluta en cuanto a que desde Montevideo, desde Uruguay, no se recibirá pescado que se haga obtenido contraviniendo la normativa internacional”.
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