Los argentinos, ansiosos por saber si Cristina Kirchner finalmente se sentará en el banquillo de los acusados

En teoría, el martes próximo, la ex presidente deberá comparecer para el inicio del juicio oral por la primera de las 11 causas judiciales en las cuales está procesada.

Se trata de la causa conocida como “de la obra pública”. Cristina está acusada de conformar una asociación para delinquir, consistente en el direccionamiento de los recursos presupuestarios de obra pública hacia la provincia de Santa Cruz –la provincia de la cual son originarios los Kirchner y donde Néstor fue gobernador por 12 años-.

Después de tres años de la etapa de investigación, el juicio iba a comenzar en febrero, pero se pospuso porque uno de los jueces del tribunal debía someterse a una operación quirúrgica. Finalmente el magistrado falleció, de manera que debió volver a conformarse el tribunal, que fijó la nueva fecha del 21 de mayo.

Hasta la mañana del martes pasado, todo el país estaba preparándose para “la foto”. Sentada junto a cuatro imputados que actualmente están presos, Cristina debía escuchar los cargos en su contra, en un juicio oral y público, con libre acceso para la prensa.

Junto con la ex presidenta deberían comparecer Julio De Vido, que ocupó el estratégico ministerio de Planificación Federal durante los 12 años de gestión kirchnerista. También forman parte de los acusados José López, ex secretario de Obra Pública, quien se hizo famoso por el célebre video donde se lo ve ingresando a un convento bolsos con 9 millones de dólares. Los demás imputados son Lázaro Báez, dueño de la constructora que presuntamente desvió fondos del presupuesto vial, y Carlos Kirchner –primo del fallecido Néstor Kirchner-, que ocupó la coordinación nacional de la obra pública.

En otras palabras, cuatro personas en cuya compañía ningún candidato en campaña quisiera aparecer fotografiado. Como todos están presos, deben hacer su ingreso a la sala con custodia policial, antes de ubicarse al lado de la ex presidente.

Ella, si bien ha argumentado siempre que es una perseguida política y que las acusaciones en su contra no tienen fundamento, siempre se ha cuidado bien de que su defensa personal no sea interpretada como un gesto de solidaridad hacia el resto de los imputados. Más bien al contrario, cuando le preguntaron qué había sentido al ver el famoso episodio de “los bolsos de López”, contestó lacónica: “Sentí odio”.

Ni siquiera por De Vido, a quien conoce desde hace décadas porque fue ministro de Néstor en la gobernación de Santa Cruz, Cristina ha tenido un gesto de acercamiento. No lo visitó en prisión ni salió públicamente a clamar por su inocencia.

El costado electoral del juicio

Esta situación deja en claro por qué “la foto” es motivo de especulación en todos los medios de comunicación y es la imagen soñada por el “gurú” de la estrategia electoral macrista, Jaime Durán Barba.

Es cierto que hay muchos politólogos que creen que todo el daño político que pudo sufrir Cristina por las acusaciones en su contra ya está hecho y que, por lo tanto, una campaña macrista que se centre en ese tema no tendría mucho éxito.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. “Puede ser que los kirchneristas convencidos no se inmuten por ver a Cristina en el banquillo de los acusados, pero hay que recordar que, en la eventualidad de un balotaje, ella va a necesitar el voto del electorado del centro, y ese sí puede ser susceptible a la imagen de una candidata corrupta”, sostuvo el politólogo Raúl Timerman.

Y hasta es motivo de especulación el hecho de si Cristina efectivamente se presentará en persona ante el tribunal o si tratará, a través de un recurso interpuesto por sus abogados, lograr la suspensión del juicio por un pedido de nulidad.

Lo cierto es que la ex presidenta goza de fueros por ser actualmente senadora. En otras palabras, que nadie se la imagina siendo conducida por la fuerza pública. En ese caso, se especula sobre qué harían los fiscales y jueces en caso de que ella decida no ir.

EFE

La Corte, en el centro de la tormenta

El otro gran tema de discusión tiene como protagonista a la Corte Suprema de Justicia, que actualmente es criticada desde todos los costados.

Ya es tradición que la justicia argentina sea sospechada de acomodar su accionar según el gobierno de turno, de forma de que se aceleran o enlentecen causas según su lejanía o cercanía con el poder.

Esa sospecha ha llegado a su climax por la confusa situación creada ante el pedido de la Corte al tribunal, en el sentido de tener en cuenta los pedidos de la defensa de Cristina, sobre la falta de investigación sobre pruebas importantes para esta causa.

La primera lectura que se hizo sobre ese pedido es que la Corte quería encontrar una excusa para suspender el juicio, al menos hasta las elecciones, de manera de saber cómo continuar según cómo le fuera a Cristina en las elecciones de octubre.

La reacción del gobierno macrista fue furibunda. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, llegó a hablar de una “corte bolivariana”. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que la decisión de la Corte tenía “un condimento político”, que resultaba sospechosa y que se inscribía en una tradición de no favorecer la concreción de juicios orales. 

“Evidentemente la política influye demasiado en la Justicia. Habría que traer a colación el discurso del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz en la apertura del año judicial, que hizo autocrítica al respecto. Hoy pareciera que muchas cosas pueden estar influidas por las cuestiones políticas, como ha pasado en la Argentina durante los últimos 20 años”, dijo el ministro.

Y, más explícito fue el jefe de gabinete, Marcos Peña, a quien se lo considera un “alter ego” del presidente. Dijo que la decisión de la Corte “genera bronca, porque hay una demanda muy fuerte de justicia”. Agregó que de esta manera se favorece la impunidad y dijo que los jueces “se rigen por las encuestas electorales”.

Más explícito aún, sugirió que Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, era el cerebro de la operación. Y alertó que lo que estaba ocurriendo era una muestra de lo que podía ocurrir si Cristina volvía al poder.

“El kirchnerismo cree que la justicia tiene que ser militante, una cuestión que sea parte de un esquema de poder, y nosotros creemos que hay que defender a los jueces que se rigen por los códigos y no por las encuestas”, indicó.

Con ese clima enrarecido, en la noche del miércoles se produjeron cacerolazos de parte de partidarios del gobierno, que se habían autoconvocado por las redes sociales y querían hacer una demostración de repudio.

Pero si algo faltaba para que la confusión fuera total fue el comunicado de la Corte de la mañana siguiente. En un claro intento de bajar el tono político del tema, los ministros señalaron que había ocurrido un malentendido por parte de gente que no entiende los hilos finos de la operatoria judicial.

Indicaron que nunca se habían reunido los ministros de la Corte, que nunca habían deliberado y que nunca habían votado. Que la resolución llevaba apenas la firma del secretario, por no ser más que un trámite común en estos juicios. Y que, lejos de querer impedir el juicio, lo que ellos hicieron fue alertar al tribunal para que no incurriera en un error que los llevara a declarar la nulidad del juicio.

De hecho, muchos recordaron que por errores procesales quedó en la nada una investigación judicial por casos de corrupción de otros gobiernos.

“Puedo garantizar que lo que la Corte le comunicó al tribunal es que no quiere que pase lo mismo que pasó con el juicio a Fernando de la Rúa, que después se declaró nulo y entonces no se puede volver a tratar”, argumentó Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados.

“Por eso creo que el tribunal federal asume por su cuenta y riesgo lo que va a hacer. Y creo que no entendieron la entrelínea de lo que quiso decir la Corte”, agregó el abogado, que sostiene que el tribunal está actuando bajo la presión de saber que se trata de un juicio trascendente y que concitará la atención internacional, como en su momento ocurrió con el ex mandatario brasileño Lula Da Silva.

Esa no fue, por cierto, la interpretación que se hizo en el ámbito político, donde muchos creen que simplemente la Corte se impresionó por ver la reacción que había producido su decisión y buscó la forma de dar “marcha atrás”.

Lo cierto es que, ahora, a la Corte Suprema le pegan todos. El kirchnerismo la consideró algo así como el brazo judicial del macrismo durante todos los años en que se desarrollaron causas contra Cristina y ex funcionarios.

Desde la vereda opuesta, hay una visión de que los jueces son oportunistas y buscan la forma de demorar indefinidamente las causas, por las dudas de que Cristina tenga el respaldo mayoritario en las urnas.

La causa

Pero, en concreto, ¿qué es lo que deberá responder la ex presidente si efectivamente el juicio comienza el martes?

Se le imputa a Cristina que durante su gestión de gobierno hubo una concentración injustificada de recursos en la provincia de Santa Cruz –una de las de menor población del país-, y que en su mayor parte beneficiaron a la empresa constructora de Lázaro Báez, un ex cajero de banco que, gracias a su amistad con Kirchner, ascendió meteóricamente hasta ser presidente del banco de la provincia. Sugestivamente, Báez fundó su empresa Austral Construcciones pocas semanas después de que Kirchner asumió la presidencia.

En los últimos años hubo pruebas sobre licitaciones turbias, obras inconclusas y presupuestos inflados. En otras causas judiciales conexas se acusa a Cristina de desviar fondos públicos para recuperarlos luego a través de dos empresas familiares, una cadena hotelera y una red inmobiliaria.

También sugestivamente, Lázaro Báez les alquiló durante años a los Kirchner un hotel en Santa Cruz que prácticamente no tiene pasajeros y donde había una pérdida financiera crónica.

Si el juicio efectivamente comienza y no hay un recurso de suspensión por pedido de nulidad, deberá extenderse prácticamente todo el año y, en teoría, Cristina debería comparecer todas las semanas.