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La gangrena de la corrupción
El suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, el pasado miércoles 17, investigado por la Justicia de su país por la trama local del pago de coimas por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht, es un desenlace muy triste, pero que no debería hacernos perder de vista el esencial combate a la corrupción en la política, una gangrena que corroe a la democracia. Pero siempre con el respeto al estado de derecho, y que las causas abiertas y los fallos de la Justicia tengan todas las garantías constitucionales para los indagados o acusados.
El exmandatario de 69 años, que estuvo al frente de su país en los períodos de gobierno de 1985-1990 y 2006-2011 por el Partido Aprista Peruano (APRA), escribió en una carta póstuma que era un perseguido político y que no estaba dispuesto a sufrir una injusticia.
En la misiva, García asegura que no fue responsable de actos de corrupción durante su gestión y que nunca lo movió la riqueza en el ejercicio del poder.
El fatídico hecho sin duda ahondará aun más la herida de un sistema político muy dividido. Dirigentes apristas consideraron el suicidio de su exlíder como “un acto de dignidad y de honor frente a una persecución fascista” y lo han presentado como un verdadero héroe de la democracia.
Una conducta extrema como en la que incurrió García dejará para siempre un manto de sospechas sobre el accionar de la Justicia, pero también sobre la presunta responsabilidad del exgobernante.
No hay pruebas de que la Justicia se haya ensañado contra el expresidente, no solo por la investigación referida a su caso concreto, sino también porque no es el único exgobernante peruano ni un exclusivo partido político investigado por el caso de Odebrecht. Eso explica que el gobierno de Tabaré Vázquez haya negado el pedido de asilo que había solicitado recientemente García que está en mira de la Justicia desde marzo de 2017 cuando comenzó a ser investigado por presuntos sobornos de Odebrecht. Había mantenido al menos cinco reuniones con Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la constructora. Una firma colateral de la constructora había pagado el desproporcionado monto de US$ 100 mil por una conferencia que dictó en San Pablo. A ello se agrega testimonios de varios funcionarios de confianza de su segundo gobierno que admitieron haber recibido coimas; solo su exsecretario general, Luis Nava, recibió pagos de la constructora brasileña por más de US$ 4 millones durante el período 2006-2011, según documentos en manos de la Justicia.
García era solo uno de los cuatros exmandatarios peruanos que son investigados o requeridos por la trama de Odebrecht en Perú.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) también tienen causas abiertas en la Justicia por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht. Hasta la líder opositora Keiko Fujimori es investigada por presunto lavado de activos y por recibir aportes ilegales de la firma constructora.
En la carta póstuma, García escribe que deja su cadáver como una muestra de su desprecio hacia sus adversarios. Pero también podría interpretarse como un desprecio a los peruanos de a pie que ahora nunca conocerán la verdad sobre su caso.
