La seguridad pública

Cada período de gobierno, desde el retorno a la democracia en 1984, ha finalizado con problemas de seguridad pública y de fuertes cuestionamientos a la gestión de los ministros del Interior. Cada uno de ellos tuvo dificultades propias, pero la situación de hoy es cuantitativa y cualitativamente mucho peor.

Aumento de los delitos, la irrupción del narcotráfico que envenena a la sociedad y una inusitada violencia que se observa hasta en las infracciones más insignificantes, muestran un panorama descorazonador que, a escala uruguaya, nos han ido convirtiendo en otro país latinoamericano más, muy lejos de nuestras ínfulas europeas.    

El senador Larrañaga tocó una fibra muy sensible en la ciudadanía con su campaña Vivir sin miedo. Es que la gente vive con miedo. Es por eso que hay cada vez más casas enrejedas; que hace tiempo que no se puede ir a determinadas zonas de Montevideo a ninguna hora; que evitamos hablar por celular en la calle; que dejamos de caminar de noche en lugares insospechados de sufrir un asalto. 

La inseguridad pública ha tenido el comportamiento de una gran ola que nos ha hecho perder pie y nos ha revolcado en el fondo del mar. Y nos estamos acostumbrados a vivir en una sociedad arremolinada, lo que perjudica enormemente la convivencia democrática. 

En ese ambiente de fractura y crispación social, es que el dirigente blanco consiguió más de 400 mil firmas en su campaña para plebiscitar una reforma constitucional que sin duda genera controversia en una parte del sistema político y de la sociedad civil. 

Autorizar bajo ciertas circunstancias el allanamiento nocturno, habilitar la pena de reclusión permanente en casos de delitos muy graves y que las fuerzas armadas cumplan tareas de seguridad interna desde una Guardia Nacional, deberán ahora ser un asunto de primer orden de la campaña electoral. Y es bueno que ello ocurra.

Son todas medidas tendentes a mejorar la acción punitiva del Estado que, de aprobarse, deberían ser acompañadas por otras políticas que tengan el horizonte en el largo plazo. Una de ellas, imprescindible, es proyectar un nuevo sistema de penitenciaría porque hoy las cárceles son verdaderas fábricas de delincuentes. El hacinamiento y el ocio son un caldo de cultivo que alimentan las acciones delictivas.

En ese sentido, también sería necesario incluir en la discusión una reforma de la educación pensada en cómo retener más estudiantes en el sistema y en la formación de jóvenes competentes para el mercado de trabajo. Y también en diseñar políticas sociales para atacar la marginalidad cultural y ayudar a la integración familiar.

La delincuencia es un fenómeno muy complejo y multicausal que requiere de un junto de políticas muy bien articuladas. Seguramente será un asunto central de la próxima administración y no solo de un plebiscito.