Las cruciales internas de 1982 y la apertura democrática

Para negociar un camino de apertura democrática, después de la grave derrota que sufrieron en el plebiscito constitucional de 1980, los militares reclamaban “interlocutores válidos”: saber quién era quién en los partidos entonces legalizados, y qué respaldo popular tenían. 

El 26 de noviembre de 1982, dos días antes de las elecciones internas de los partidos, el gobierno decretó un feriado bancario y el abandono de una “tablita” que desde 1978 fijaba el precio del dólar. La medida significó una abrupta devaluación del peso uruguayo, que en pocas semanas pasó de 13 a 39 nuevos pesos, y la profundización de una ya muy severa crisis económica.

El abandono de la “tablita” del dólar estuvo precedido por una crisis similar en Argentina un año antes, un largo proceso de “atraso” cambiario o dólar barato, quiebra de empresas, desempleo muy elevado, retiros de depósitos y agotamiento de reservas bancarias. La crisis, una de las peores de la historia, se extendió hasta 1985, cuando por fin la producción y el empleo comenzaron a recuperarse.

El malestar se reflejó en las urnas dos días después. La elección interna, a padrón abierto y con voto no obligado, significó una nueva derrota para el régimen por el refuerzo formal de los sectores más claramente opositores. 

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Votó el 60,5% de los habilitados: casi la mitad dentro del Partido Nacional (49,7%), el 42,3% en el Partido Colorado y 1,2% en la Unión Cívica. 

Los militares aún no aceptaban al Frente Amplio, al que mantuvieron proscripto. La izquierda, entonces dividida, votó a los sectores más claramente opositores de los partidos tradicionales, especialmente en el Partido Nacional, o bien en blanco (85.373 sufragios, el 6,8% del total), como había propuesto desde la cárcel su líder, el general Líber Seregni, y que contó a Danilo Astori entre sus promotores, en un intento de ocupar cualquier espacio abierto, por pequeño que fuera. 

En el Partido Colorado se consolidaron los liderazgos de Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo. Desplazaron al ex presidente Jorge Pacheco Areco, que había conseguido la mayoría en las elecciones nacionales de 1971, cuando no logró imponer la reelección pero sí a su sustituto: Juan María Bordaberry.

Entre los blancos, se confirmó la fortaleza de Wilson Ferreira Aldunate, todavía en el exilio, tras el éxito de su sector, que encabezó el historiador Juan Pivel Devoto. Otras figuras opositoras al régimen dictatorial, como Carlos Julio Pereyra, Gonzalo Aguirre o el joven Luis A. Lacalle, también cosecharon buenos resultados; en tanto el situacionista Alberto Gallinal sufrió una derrota irremediable.

“Ahora, si quieren hablar, ya saben con quiénes tienen que hablar”, señaló Ferreira Aldunate desde México.

La abstención del 39% del padrón electoral, que no votó en las internas, estimuló las expectativas del presidente de facto, el teniente general ® Gregorio Álvarez, y de su entorno. Álvarez llegó a anunciar la creación de un “partido del Proceso”, que al final no prosperó.

La reforma de 1996

En el plebiscito del 8 de diciembre de 1996 —durante el segundo gobierno de Julio Sanguinetti— la ciudadanía aprobó por escaso margen (50,43%) una enmienda de la Constitución que introdujo nuevas reglas electorales, entre ellas la celebración de “primarias” en cada partido para concurrir a la elección nacional con un solo candidato.

Es el sistema que rige hasta hoy.

La reforma, impulsada por colorados y blancos, contó inicialmente con la participación de algunos importantes dirigentes de la izquierda, entre ellos Líber Seregni y Danilo Astori. Pero al fin el Frente Amplio la rechazó, en el entendido de que, en el corto plazo, era un dique a su irrefrenable avance tras la candidatura de Tabaré Vázquez, que ya en 1994 había conseguido el respaldo del 30,6% de los ciudadanos.

A partir de la reforma de 1996, para alcanzar la Presidencia de la República un candidato debe lograr la mitad más uno de los votos válidos en la primera ronda electoral, que se celebra el último domingo del mes de octubre. De no existir esa diferencia, el cargo debe ser disputado un mes después en un balotaje entre los candidatos de los dos partidos más votados en la primera ronda. En esa primera ronda, además, se adjudican las bancas parlamentarias según el sistema de representación proporcional. 

Se estableció la candidatura única por partido a la Presidencia a través de elecciones internas (o primarias) simultáneas; se eliminó la acumulación por sublemas; se redujo el número de candidatos a las intendencias municipales; se separaron en el tiempo las elecciones nacionales y las departamentales (que pasaron a realizarse en mayo del año siguiente a las nacionales); se eliminaron de la previsión constitucional el número de ministerios, que pasó a ser materia de ley, y la obligación del presidente de requerir el voto de confianza del Parlamento para presentar a un ministro o a todo el gabinete. 

La modificación del sistema electoral determinó cambios en el espectro político cuyas repercusiones todavía hoy son motivo de debate. 

El balotaje, un invento francés del siglo XIX, se utiliza en la mayoría de los países de América Latina, y parece haber arraigado en Uruguay. En los hechos la doble vuelta debilitó el sentido de pertenencia de los ciudadanos a un partido. La mayoría de los blancos votó a un colorado en 1999, y muchos colorados emigraron hacia el Partido Nacional o hacia el Frente Amplio a partir de 2004.

Pero un ciclo de cuatro elecciones (primarias, legislativas, balotaje y municipales) acotó la vida útil de los gobiernos y extendió las campañas electorales hasta un año y medio.

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