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Policía las 24 horas: críticas y desafíos de un principio que Layera quiere cambiar
Que un policía es policía las 24 horas al día es un principio que todos los uniformados aprenden desde que ingresan a la escuela policial y que “llevan en la sangre”, porque además de ser un mandato legal forma parte del espíritu de la profesión. Sin embargo, el Ministerio del Interior anunció que planea terminar con esa concepción, que no está libre de polémica: se apronta a concretar una transformación que los policías entienden como doctrinaria, y que según el director nacional de la Policía, Mario Layera, forma parte de una política de cambios que llevó adelante el gobierno en “los últimos 15 años”.
El ministro Eduardo Bonomi informó el martes 13 de junio que se están preparando modificaciones para atender algunos de los reclamos del sindicato policial que desde hace años denuncia la vulnerabilidad de la mayoría de los policías que trabajan como guardias clandestinos cuando no están de servicio. Como es algo prohibido por ley, lo hacen vestidos de civil y sin las protecciones básicas –como estar conectado por radio o llevar chaleco antibalas–, y así muchos han muerto en enfrentamientos con delincuentes, ya que la ley, a su vez, los obliga a actuar cuando se producen delitos.
Es así que tras una reunión con el gremio de funcionarios policiales de Montevideo las autoridades de la cartera anunciaron que se procurará eliminar la prohibición de trabajar en tareas de seguridad para empresas privadas y se duplicarán las horas mensuales para realizar tareas en el servicio 222, otra antigua demanda de los funcionarios policiales desde que el gobierno redujo en forma significativa los cupos para esa actividad desde 2010.
Pero el principal mensaje, el que plantea un cambio de raíz, fue transmitido en una línea incluida en el comunicado que resumió los puntos de la reunión con el sindicato: “Rediscutir el estado policial permanente (alcance y definición)”.
Eso supondrá una transformación de “orden doctrinario”, afirmaron fuentes policiales consultadas. Agregaron que requerirá de un “profundo estudio” jurídico, de modo de contemplar la situación de los cuerpos especializados de la policía que no podrán dejar el régimen de dedicación total, como la Guardia Republicana o la Brigada de Drogas.
“(Se trata) de buscar un equilibrio, que no pueda ser utilizado para desnaturalizar la función y fundamentar prácticas negativas”, matizó Layera en diálogo con El Observador, quien este domingo, en entrevista con el diario El País, aseguró también que este es un debate que “nunca” se había dado hasta el momento, y que el objetivo final es evitar más muertes de policías que se enfrentan a delincuentes cuando no están de servicio.
Así le ocurrió a Rogelio Souza, un policía que murió al intentar defenderse de una rapiña de la que fue víctima el 5 de junio, mientras se desempeñaba como repartidor de refrescos.
“Estamos buscando la forma de que no maten policías. Estamos buscando la defensa de un trabajador, la dignificación de un trabajador, ¿y a nosotros nos están esclavizando? Y además de esclavizarnos, están aumentando nuestro nivel de riesgo de muerte. ¿Eso está bien? No, para mí no”", señaló Layera al matutino.
Pero para críticos con la gestión de seguridad del gobierno como Washington Abdala –abogado del gremio policial– o Robert Parrado –policía hasta 2011 y hoy asesor del precandidato Edgardo Novick, además de perito forense–, un cambio de esa importancia puede traer confusión conceptual y atentar contra el combate a la delincuencia.
“Es un tema a futuro, porque ahora, en plena campaña electoral ya sabemos que no van a cambiar nada”, dijo Abdala, molesto con lo que interpreta como "pirotecnia". Además opinó que ese cambio no es oportuno porque “introduciría una fragilidad descomunal en la institución policial”.
“Layera no tiene respaldo en el gobierno sobre algo que a su vez generaría una distorsión absolutamente gigante en el plano de la certeza policial a la ahora de actuar y sería un acto de absoluta irresponsabilidad”, agregó Abdala.
Parrado, por su parte, considera que es una propuesta “casi imposible”, porque significaría alterar el “ADN del policía”. “Parecería que las autoridades no entienden cabalmente el sentir del policía, que desde todos los tiempos está formado para actuar e intervenir en cualquier situación para ayudar al prójimo”, aseguró, y cuestionó además que "todos los días se tiren noticias sin contenido, como la propuesta de sacarles el arma a los policías y que luego hayan dado una marcha atrás más grande que una casa".
Sin desarme
Un integrante de la Guardia Republicana que no quiso ser identificado por ser un policía en actividad aseguró que el reclamo de modificar la ley orgánica policial para terminar con la actividad “full time” de los uniformados se manejaba como un “secreto a voces” desde hacía varios años.
La presidenta del Sindicado de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez, afirmó que quien habló de la novedad en la reunión el 13 de junio fue el propio Layera, y que el gremio lo ve con buenos ojos siempre y cuando no implique quitarles el arma cuando no estén de servicio, como en un principio había dicho el máximo jerarca policial como forma de desalentar a quienes contratan a funcionarios policiales como guardias de seguridad encubiertos. Una medida que, de todos modos, Bonomi se encargó de desautorizar la semana pasada, pocos días después.
“Estamos dispuestos a sentarnos a discutir sobre la situación del policía que no está trabajando y que muchas veces le cuesta discernir si actuar o no. Por ejemplo, cuando está en la calle con su hijo menor”, dijo Rodríguez.
De esta forma, para el sindicato esta es una iniciativa positiva porque liberaría al uniformado del temor a incurrir en la omisión a su deber, una situación que según dijo Abdala es recurrente.
“Que no necesariamente tengamos que proceder si estamos en inferioridad de condiciones”, dijo la dirigente sindical.
La idea de Layera, para quien la ley vigente de todos modos admite más de una interpretación, es anular el artículo 41 de la ley orgánica policial que establece: "La autoridad y el grado jerárquico que inviste el policía son permanentes, no se limitan al tiempo de servicio ni a la repartición a la que está adscripto, está obligado a desempeñar sus funciones por iniciativa propia o por orden superior, a cualquier hora y en cualquier parte del territorio de la República, si fuera necesario y sin perjuicio del respeto de las disposiciones sobre jerarquía a que se refiere esta ley".
El acuerdo con el gremio no incluye el envío de un proyecto de ley para cambiar la norma en esta legislatura, pero Layera dijo a El Observador que el departamento de jurídica del Ministerio del Interior ya está trabajando en el tema.
“Hay varias ideas, una es mantener (la ley) pero dándole un alcance de sentido común, otra utilizarla en emergencia extraordinaria y compensarla de alguna manera, otra es mantenerla para grupos especiales, con dedicación exclusiva con el equivalente compensado”, entre otras opciones, dijo.
Y agregó que esta iniciativa se enmarca en un cambio general iniciado cuando el Frente Amplio asumió el poder en 2015 y habilitó, por ejemplo, la sindicalización de los policías, pero también “la desaparición de las diferencias entre personal subalterno y superior, el principio de la obediencia debida y la prevención sobre la represión”. “Todo esto en los últimos 15 años, pero el germen se inició a partir de la democracia, indudablemente”, aseguró Layera.
