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Si es electo presidente, Martínez no hará uso de una Guardia Nacional
El precandidato frenteamplista Daniel Martínez aseguró que, si es electo presidente, no hará uso de una Guardia Nacional conformada por 2.000 militares para colaborar con la policía, como propone el plebiscito que impulsa el nacionalista Jorge Larrañaga, que será votado en octubre. "No dice que es obligatorio poner (militares) en la calle; obligación no hay", afirmó el exintendente de Montevideo este jueves, entrevistado en el programa Puntos de Vista (Radio Uruguay). "La ciudadanía 'habilita a', mi posición es 'gracias, muy amable'", zanjó.
Martínez explicó que está convencido de que la colaboración de los militares en las tareas de la policía "no ha servido para nada". A su entender, la medida más eficiente para combatir la inseguridad supone la coordinación entre distintos organismos, de los cuales destacó los gobiernos departamentales y los ministerios del Interior, Salud Pública, Vivienda y Educación. Un ejemplo de ello, según Martínez, son los operativos encabezados por el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El precandidato reafirmó su postura cuando la periodista le preguntó si, en caso de triunfar en las elecciones nacionales, no "tendría en cuenta" la propuesta. El socialista expresó que la "versión represiva" de aumentar las penas que los gobiernos blancos, colorados y frenteamplistas aplicaron en los últimos 40 años solo logró una cosa: "Tener las cárceles llenas de gente y, por otro lado, que el delito siga aumentando en todas sus ramas".
El texto de la reforma que impulsa Larrañaga indica que la Guardia Nacional “dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa" y que "la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo”.
En enero de este año, la jurista Carmen Asiaín expresó que si bien la creación de una guardia es obligatoria si se aprueba el plebiscito, será el Poder Ejecutivo quien coordine la forma en la que funcionará ese nuevo organismo. “Se podrá usar o no porque estará creada pero las funciones las dispone el Poder Ejecutivo”, afirmó.
La propuesta indica en su último artículo que la reforma "entrará en vigencia inmediatamente después que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito”. Eso significa que, de aprobarse, será el actual gobierno el que deberá llevar adelante esos preceptos constitucionales. ”Hay que hacerlo o hacerlo al momento de que entre en vigencia. Al otro día de ese último domingo de octubre hay que ejercer eso (que mandata la reforma). La Constitución es una norma superior y de aprobarse, todos (sea el gobierno que sea) estarían obligados a llevarla a cabo)”, ratificó Asiaín.
El constitucionalista José Korzeniak, en tanto, opinó que “una vez incorporado, si se aprobase el plebiscito —para lo cual requiere que la mayoría vote por sí (más del 50% del padrón electoral)—, entonces es de aplicación obligatoria. Incluso es aplicable aunque no sea reglamentado”, dijo.
El jurista basó su respuesta en el artículo 332 de la Constitución, que indica precisamente que no es necesaria una reglamentación extra para que una norma constitucional entre en vigencia. Ese artículo establece que “los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.
A comienzos de año, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou se expresó en la misma línea que Martínez, aunque fue menos tajante. “Si en octubre la ciudadanía opta por más herramientas, se pueden tener para utilizar o no”, había dicho, lo que generó la respuesta casi inmediata del sector Alianza Nacional.
