Nacional > LAVADO DE ACTIVOS
Avanza acuerdo para que la Secretaría contra el Lavado de Activos intercambie información con Interior
El Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) están redactando un convenio marco para empezar a cooperar e intercambiar información.
El ministro Nicolás Martínelli y el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, se reunieron en el marco de la presentación del nuevo ministro, tras la renuncia de Luis Alberto Heber, y en ese encuentro surgió la idea de cooperar entre ambas instituciones para abordar el lavado de activos, contaron fuentes de ambas instituciones a El Observador. La Senaclaft ya redactó un borrador de un acuerdo marco, como ya existen con otras instituciones, y lo envió al Ministerio del Interior.
El lavado de activos es uno de los delitos en los que Martinelli hará foco en el último tramo de la gestión del gobierno en seguridad, junto a los homicidios y al narcotráfico. La propuesta que surgió de la reunión fue la de conformar un equipo de la Policía que esté a disposición de la Senaclaft para investigar e intercambiar información, dijeron desde el Ministerio del Interior.
La medida se suma a la del decomiso ampliado, una herramienta que permitirá ir contra los bienes de narcotraficantes de procedencia ilícita. El artículo se incluyó en la Rendición de Cuentas y entrará en vigencia el próximo 1° de enero.
La normativa obliga a la Fiscalía a decomisar de inmediato los "bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos de los que el condenado no pueda justificar su procedencia lícita".
El decomiso ampliado se podrá hacer solo sobre personas que sean condenadas por narcotráfico, terrorismo, financiación del terrorismo, crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, contrabando que supere las 200 mil Unidades Indexadas, tráfico de armas, entre otros delitos.
La Rendición de Cuentas de 2022 creó una fiscalía especializada en lavado de activos, que tendrá competencias en todo el país y que comenzó a funcionar a partir del 1° de enero de 2023.
En octubre el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, se refirió al bajo índice de condenas que hay en Uruguay por ese delito. “La baja cantidad de condenas por lavado de activos es un fenómeno mundial. No se trata de ´a mal de muchos, consuelo de tontos´, pero es real. Es un tema mundial; no solamente ocurre en Uruguay, sino también en potencias internacionales”, dijo a El Observador.
