La causa contra Donald Trump

Siempre es tentador celebrar cuando alguien conocido por abusar del sistema cae en desgracia. Finalmente le llegó la hora, suele decirse, como epílogo de una justicia poética que a todos les parece merecida. Y esa parece ser hoy la actitud generalizada, al menos entre los críticos del señor Trump.

Sin embargo, las leyes, el propio sistema, van mucho más allá del villano de turno, por la sencilla razón de que la vida en sociedad excede infinitamente el destino de cualquier mortal. Y los precedentes no son cosa menor en las sociedades de derecho.

Vea usted. Como va dicho, Tump ha sido encausado y será juzgado por la temida Ley de Espionaje. Pero el fiscal Jack Smith se ha cuidado muy bien de no citarla en público. Cuando resumió los cargos, en una breve aparición ante los medios, el acusador dijo al respecto: “[…] por violaciones a nuestras leyes de Seguridad Nacional […]”.

Esto es engañoso, porque la Ley de Seguridad Nacional (National Security Act) de 1947 es otra muy distinta y no contempla los actos de traición de la Ley de Espionaje (Espionage Act) de 1917, por la que se está juzgando a Trump y por la que en los años cincuenta en pleno macartismo fueron juzgados los Rosenberg, matrimonio acusado de espiar para la Unión Soviética, luego ambos ejecutados en la silla eléctrica.

De Trump se pueden decir muchas cosas, pero espía ciertamente no es la primera que viene a la mente. La principal acusación que enfrenta es haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca y luego no haberlos devuelto y habérselos ocultado al FBI cuando este se los requirió. Pero el presidente de los Estados Unidos siempre ha tenido la potestad de desclasificar los documentos que él, y solo él, crea conveniente. Yo vivía en Washington, o estaba en Washington, cuando cuatro presidentes dejaron la Casa Blanca. Y ahora nadie parece recordarlo pero yo sí me acuerdo que la víspera de la partida de cada uno de ellos, las dos preguntas de cajón en los medios eran: a quiénes iba a indultar el presidente y qué documentos de los conocidos iba a desclasificar. Digo de los clasificados conocidos, de los que algo se sabía, porque de los no conocidos, no se sabía ni cuántos desclasificaría el presidente ni qué contenían.

A nadie le parecía aquello extraño, mucho menos delictivo. Es una facultad constitucional del presidente, está en el Artículo II de la Constitución. Incluso, no son pocos los abogados estadounidenses que esgrimen que, desde 2009, los vicepresidentes también lo pueden hacer con la misma discrecionalidad a partir de un decreto presidencial emitido por Barack Obama (Executive Order 13526). Por eso el hoy presidente Joe Biden cuando era vicepresidente también se llevó documentos clasificados a su casa y a su oficina privada. Y el vicepresidente del propio Trump, Mike Pence, también lo hizo en su momento.

De manera que calificar a eso de espionaje parece un poco exagerado. La otra parte de la acusación, el haber ocultado esos documentos, o no haberlos devuelto cuando se lo requirieron los federales, si parece bastante más serio. Pero tampoco lo convierte en espía.

Trump y sus seguidores denuncian un doble standard por los citados casos de Biden y Pence en el manejo de documentación clasificada y por el famoso caso de los emails de Hillary Clinton, en el que se la acusa de haber violado el Título 18 del Código de Seguridad de los Estados Unidos durante su paso por el Departamento de Estado. Y la verdad es que el argumento de los trumpistas en este caso no es sencillo de rebatir. No hay que ser un genio para adivinar la motivación política detrás de ello.

Más allá de lo que uno piense de Trump, y yo ciertamente no le tengo ninguna simpatía, no se ve bien que el Departamento de Justicia de Biden le emita auto de acusación por delitos penales tan graves, sobre todo tan dudosos, y lo quiera poner tras las rejas. Menos aun, el mismo día que se iba a saber, como finalmente se reveló en una audiencia del Senado, que el FBI tiene en su poder un documento que probaría que Biden cuando era vicepresidente de Obama recibió un soborno por 5 millones de dólares de la energética ucraniana Burisma.

Si a todo ello le sumamos que normalmente Trump sería, según indican las encuestas, el rival más probable de Biden en las elecciones del año que viene, la movida del Departamento de Justicia parecería indefendible.

A propósito, una pequeña digresión: mucha gente me ha preguntado qué va a pasar con su candidatura, a raíz de un difundido cable de Reuters que sostiene que Trump podría postular a la Presidencia aun desde la cárcel. Y en efecto, a priori nada parece impedírselo; incluso algunos abogados opinan que hasta podría jurar el cargo desde la celda, lo cual ya sería como una escena surrealista de algún film de Jim Jarmusch.

En todo caso, gobernar ya no tendría que hacerlo desde la cárcel porque siempre se puede indultar a sí mismo. Otros juristas en cambio afirman que no, que habría base legal para impedir tan disparatada toma de posesión en un penal.

Lo cual -más allá de lo rocambolesco de la discusión- me lleva a una última reflexión: la ley es interpretativa, ni los más destacados jurisconsultos pueden estar todos de acuerdo sobre la aplicación de una norma particular en un determinado caso. Por eso el uso político de la Justicia es siempre una regresión, un deterioro del sistema. Y se trata de un vicio en el que la democracia estadounidense jamás había caído. La politización de la Justicia era algo que estábamos acostumbrados a ver en Perú, en Ecuador, en Paraguay… Pero en Estados Unidos, jamás un ex presidente había enfrentado a la Justicia ordinaria.

Allí los problemas para la democracia eran otros: financiación de campañas y abusos de unos lobbies en esteroides que desvirtúan el sistema de representación en el aquelarre de Washington.

La causa contra Donald Trump podría sentar un precedente en una dirección política de consecuencias impredecibles.