Cuando las crisis económicas aprietan, surgen las iniciativas más polémicas en la búsqueda de compensar los desequilibrios y recaudar más para oxigenar la caja. En esa línea, el gobierno de la provincia argentina de Chubut analiza implementar un "impuesto al viento", que pagarían las generadoras eléctricas que tienen contratos de abastecimiento de energía renovable.
Este fin de semana el gobernador peronista de Chubut, Mariano Arcioni, se quejó de que "las inversiones en energía eólica no dejan nada" a su provincia. En el mismo sentido, según consignó el portal Energía Estratégica, el ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, advirtió que estudiarán el cobro de "algún impuesto que deje algo para Chubut". La idea es que, al igual que con la actividad petrolera, los desarrollos de los recursos paguen un tributo o regalía a la provincia.
Para la Cámara Eólica Argentina (CEA), una institución que fue creada el año pasado y que nuclea a las principales generadoras de electricidad a base de viento, la instrumentación de un nuevo impuesto "atentaría contra el desarrollo y fomento de la energía eólica en la Argentina".
Un comunicado que firmó el presidente de la CEA, Alfredo Bernardi, señaló que "en el caso de que se llegara a promulgar un tributo de estas características vulneraría la seguridad jurídica sobre los contratos ya suscriptos y daría un mensaje negativo a las empresas que están considerando invertir en una actividad que recién comienza a desarrollarse en el país".
El texto agregó que "sin obviar, también, que sería un exceso en las facultades de una provincia crear tributos sobre un régimen nacional.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) afirmó en diálogo con El Cronista que esta propuesta "tiene más de 20 años" y aparece siempre que una provincia está en crisis.
Según su visión, las regalías petroleras son correctas porque son "actividades contaminantes y no renovables, como los recursos fósiles", pero el viento es un recurso renovable y "no se lo quita a nadie".
"Queremos tratar de abortar con estas iniciativas provinciales. Que sean más inteligentes y promuevan las inversiones para generar empleo. Esta es una política regresiva", amplió Álvarez.
En un comunicado, Cader informó: "Consideramos que una medida de esta naturaleza obstaculiza el normal desarrollo de los proyectos, aleja las inversiones futuras y finalmente afecta a los usuarios finales, dado que sufrirían las consecuencias de la aplicación de los eventuales gravámenes que se pretende crear".
La intención de cobrar impuestos provinciales por la instalación de parques de generación de energías renovables no es nueva. En 2017, el peronista Luis Beder Herrera, ex gobernador y actual diputado por La Rioja, propuso cobrar un "impuesto al sol", por el desarrollo de centrales fotovoltaicas. Al final, no prosperó.
En España, en cambio, hubo un tributo que sí perduró hasta hace unos meses. Allí, se gravó el autoconsumo (lo que acá se denominó generación distribuida), algo que para Álvarez hizo perder en ese país "10 años de inversiones y de crecimiento del sector renovable".
Fuente: El Cronista
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