Un país regulado

Cualquiera que esté tratando de producir y trabajar en este bendito país se queja de las crecientes regulaciones, permisos y papeleos que hay que encarar y resolver. En una enorme proporción, estos requisitos no agregan ningún valor a la actividad y no defienden a nadie de nada. Pero no es casualidad que se acumulen sobre las espaldas de quienes quieren producir.

Nacen de una concepción ideológica reinante en el gobierno actual que considera que los “colectivos” son más importantes que las personas, que el Estado es bueno y la empresa privada es sospechosa, que el capital debe ser castigado por existir, que las utilidades son malditas por definición, que la libertad de empresas y personas debe ser estrictamente tutelada, controlada y limitada por el gobierno y que básicamente todo lo que haga el Estado está bien aunque le pese a la gente de a pie.

Estamos gobernados con esta visión, que para muchos del partido de gobierno debería llevarse hasta los extremos marxistas de la eliminación de toda la propiedad privada, mientras que para otros más tibios, pero igualmente orientados, basta con controlar, regular y limitar todo lo privado mientras se hace crecer a todo tren todo lo público.

Como resultado de este estado de situación la economía no puede crecer en forma vigorosa; tanto gasto estatal (muchísimo del cual es muy ineficiente, improductivo cuando no directamente corrupto) aumenta el déficit fiscal en forma reconocidamente por las autoridades como imparable, lo cual genera un atraso cambiario que encarece al país, aumenta su endeudamiento y liquida su competitividad, además de abrir artificialmente su natural defensa del mercado interno en perjuicio de sus pymes, que dependen de las ventas en plaza y de complicar al turismo receptivo.

Así las cosas, el crecimiento anémico y ficticio que muestran las estadísticas oficiales depende básicamente de actividades estatales sobredimensionadas (comunicaciones acá pesa 15 pc del PBI cuando lo normal en todos lados es 3 pc, por ejemplo).

Este estado de cosas se agrava con la percepción general de quienes están a cargo del gobierno referida a que el tiempo de las personas no vale nada y que el funcionario público no es un servidor del público como debería, sino un controlador del público. Entonces se ven evoluciones absurdas en los plazos de tramitación de papeles necesarios para trabajar; por ejemplo, algo tan simple como trabar un embargo cuando se tiene un título ejecutivo caído demoraba 24 horas, ¡pero hoy hay que esperar cerca de 45 días para tener un embargo registrado! O sea que no solamente debemos enfrentar más permisos, más regulaciones y más tramites sino que además, y para peor, los trámites que sí o sí hay que hacer en cualquier sociedad ahora demoran tiempos absurdos en vez de ser cada vez más rápidos gracias a la informática y las comunicaciones (como pasa en todo el mundo).

Los productores agropecuarios saben bien, por ejemplo, el engorro y el costo que hay que enfrentar para algo tan simple como embarcar un camión de novillos.

Estos son los costos no tan visibles pero finalmente devastadores de estas ideologías adversas a la propiedad privada, el capital, el mercado y finalmente a la libertad.

Al final, cuando se hace actuar estas ideologías hasta donde quieren, nada funciona más: no hay productos en los supermercados, no hay inversión en ningún lado, no se generan puestos de trabajo, no hay remedios en los hospitales y todos se quieren ir. Pueden preguntar a los numerosos venezolanos que están llegando a nuestro país si esta historia es verídica.

Así que si a usted le molesta un trámite o un permiso más, piense que eso es la puntita de un iceberg devastador que viene rumbo a chocar contra el Titanic llamado Uruguay. Estamos a tiempo de dar un golpe de timón pero ese tiempo se agotará en el próximo período de gobierno. Después y lamentablemente no habrá marcha atrás y sólo podremos ver cómo se hunde nuestro querido Uruguay en el destino de Cuba y Venezuela.