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Pese a que estando en la oposición las cuestionaba, gobierno lleva 24 campañas de bien público
La falta de lluvias en la cuenca del Río Santa Lucía obligó a OSE a tener que aumentar la cantidad de cloruros y sodio en el agua potable que se suministra a la zona metropolitana de Montevideo para evitar quedarse sin reservas en el embalse de Paso Severino.
La crisis, que ha llevado a la población a incrementar la compra de agua envasada por lo salada que sale el agua de las canillas, se produce en momentos en que el Poder Ejecutivo está realizando una campaña de bien público pedida por el Ministerio de Economía, algo que es cuestionado por la oposición tanto por razones de sentido como de oportunidad.
La coalición de izquierda señala que utilizar esta disposición incluida en la ley de medios aprobada durante el gobierno de José Mujica para informar sobre la baja de impuestos “tergiversa” su sentido porque es “propaganda disfrazada”.
Desde el comienzo de esta administración, el Poder Ejecutivo impulsa una nueva ley, pero el tema está trancado en el Parlamento debido a la falta de acuerdo interno en la coalición.
Pese a que innova en varios sentidos, el proyecto a estudio de la Cámara de Representantes mantiene las campañas de bien público, las cuales fueron ampliamente rechazadas por el actual oficialismo mientras era oposición y luego intensamente usadas por Lacalle Pou.
“Los titulares de servicios de radio, de televisión abierta y de televisión para abonados” deberán permitir “el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación”, dice el artículo 95 de la ley vigente.
La normativa especifica que las campañas “no podrán utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos ni podrán incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza”.
De acuerdo con datos oficiales relevados por El Observador, el actual gobierno lleva realizadas 24 campañas de bien público desde marzo del 2020, la fecha en que asumió Lacalle Pou.
Dentro de estas, once estuvieron vinculadas a la gestión de la emergencia sanitaria por el coronavirus y el proceso de vacunación, aunque en el último tiempo se han autorizado otras vinculadas a diversos temas. Hubo una sobre las medidas de reactivación económica durante la pandemia, los jornales solidarios implementados por las intendencias, el programa familia amiga de INAU y la ley de promoción del empleo.
También se emitieron campañas sobre el proceso de preinscripción en educación media, acerca de las medidas de apoyo a las empresas vulnerables, un bono de energía eléctrica emitido por UTE, la incorporación de las prótesis mamarias al PIAS por parte del MSP, un programa de adopciones de INAU, la transformación educativa, el cuidado de la salud mental y el Plan Avanzar de realojo de asentamientos del Ministerio de Vivienda.
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una moción para pedirle al Poder Ejecutivo que realice una campaña de bien público sobre emergencia hídrica.
“La información oficial ha sido escasa y poco clara. En lugar de hacer propaganda política en las campañas de bien público, deberían informar seriamente sobre la situación de sequía que vivimos y su impacto en el agua que tomamos”, señaló este miércoles la coalición de izquierda en un comunicado, haciéndose eco de un reclamo impulsado por Ortuño.
A su vez, el FA interpelará al ministro de Ambiente, Robert Bouvier junto al directorio de OSE.
Los cuestionamientos
Pese a que ahora que están en el gobierno la utilizan, las campañas de bien público fueron ampliamente cuestionadas por dirigentes blancos y colorados mientras eran oposición.
Las campañas comenzaron a ser utilizadas por Tabaré Vázquez en 2018 para difundir diversos asuntos vinculados a seguridad, empleo, educación y el sistema de cuidados, entre otros.
En 2019, durante la campaña electoral, el entonces senador nacionalista Javier García –hoy ministro de Defensa– dijo que eran avisos proselitistas “camuflados de propaganda informativa”.
En declaraciones a El País, Álvaro Delgado –hoy secretario de la Presidencia– afirmó que el Frente Amplio “usa y abusa” de las campañas de bien público, mientras los ministros “agitan cucos”. En este sentido, dijo que la Presidencia llevaba usados más de 1.000 minutos por canal en horario central y anunció que derogarían la “ley de medios” porque “además de regular contenidos obliga a los medios a realizar campañas de este tipo”.
Un año antes, el entonces senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, hoy ministro de Trabajo presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de las "campañas de bien público" que realiza el Poder Ejecutivo en los años electorales.
Entrevistado por radio Carve, Mieres consideró que las campañas de bien público dejaban "azorados a los ciudadanos" por "la frecuencia y el autobombo" que suponen para el gobierno.
El proyecto, que no fue considerado, planteaba modificar la duración de las campañas de bien público, para que pasen de ocupar 15 minutos en televisión abierta como hasta ahora a durar 5 minutos.
